El exagente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Augusto Marti, permanece desde el miércoles detenido en la Alcaidía Nº 44, de Batán, por disposición de la Justicia de Garantías.
Lo mismo ocurre con los otros acusados del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas”.
También se encuentran en dicha unidad penitenciaria, Leonardo Jover (quien tiene otra causa paralela por “tenencia ilegal de arma de guerra”), Miguel Volpe y Carlos Amondarain, quienes continúan en carácter de detenidos y a disposición de la Fiscalía Nº 30 y del Juzgado de Garantías Nº 2.
Por su parte, ya se hallaban desde hace un par de días en el pabellón de la cárcel Nº 50, las dos mujeres implicadas en el resonante hecho que investiga la Justicia ordinaria.
Nos referimos a Adriana Beldoménico y Ayelén Gómez, quienes también siguen a disposición de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías.
En la sede central de la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Puerto Madero, Capital Federal, está alojado desde el pasado lunes, el peruano Oscar “Willy” Cribilleros, quien se encuentra entre los imputados.
Rápido traslado
Luego de quedar detenidos, tras las audiencias de indagatoria, se dispuso el rápido traslado de los acusados a los pabellones de la Alcaidía N° 44, de Batán.
En ese lugar del Servicio Penitenciario Bonaerense, están alojados los procesados con prisión preventiva en distintos casos y hay ex integrantes de las fuerzas de seguridad pública que fueron condenados por diversos delitos perpetrados.
Asimismo, se tuvo en cuenta la compleja situación que se vive en los calabozos de las Comisarías Primera y Segunda, de nuestro medio, donde hay una superpoblación de presos.
Frente al volumen de lo secuestrado, tanto los estupefacientes (cocaína y marihuana) como la excesiva cantidad de pesos, dólares y lingotes de oro, se trata de un caso de grandes connotaciones para la crónica policial.
Pericias
Mientras los seis detenidos en diferentes domicilios de Necochea permanecen alojados en la cárcel de Batán, la Fiscalía a cargo de Carlos Larrarte y su cuerpo de instructores judiciales, avanzan en la investigación.
Se continúan incorporando medidas probatorias y se apunta a conseguir el aval de la Justicia de Garantías para la apertura de los distintos dispositivos electrónicos incautados en los múltiples allanamientos.
En ese sentido, la información que podría obtenerse de los teléfonos celulares, computadoras, tabletas, pendrive y anotaciones, sería de suma utilidad para la causa judicial por los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegal de arma de guerra”.
El ecos
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