El Estado de México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete las normas interamericanas para establecer las obligaciones de las empresas productoras y comercializadoras de armas de fuego y de los Estados para asegurar el derecho a la vida y a la integridad de las personas con relación a la producción y comercialización de estas armas.
Junto con el CELS, nos presentamos ante la Corte IDH e hicimos un aporte a la Opinión Consultiva sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”.
Concretamente, compartimos información sobre el mercado de armas de fuego en Argentina y sobre el papel que juegan en la circulación de violencia en nuestro país.
Además, sugerimos, entre otras, el desarrollo de políticas públicas orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas; acciones tendientes a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego, medidas específicas de prevención de la violencia de género con armas de fuego e iniciativas para evitar e investigar el mercado ilegal de armas.
A través del informe, buscamos contribuir con la labor de la Corte en la definición de estándares jurídicos que puedan guiar el diseño e implementación de medidas administrativas, legislativas y judiciales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego.
¿Qué pasa en Argentina?
En Argentina el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía es una excepción y no un derecho. Esta limitación parte de la comprensión de que la circulación de armas de fuego constituye un factor de riesgo. Por eso, el órgano de regulación estatal ANMaC tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada (Ley 27192, art.4).
En nuestro país hay 1.749.121 de armas de fuego registradas y un 1.088.512 de usuarios registrados. Pero más del 70% de los/as usuarios/as informados por la ANMaC como “legítimos usuarios” tienen en realidad su credencial vencida.
En 2022, sólo 248.826 usuarios individuales (incluidos/as quienes forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad) tenían su credencial vigente: esto representa apenas un 22% del total de usuarios/as registrados/as. Esta situación implica no sólo un incumplimiento administrativo, sino también un delito penal que raramente se persigue y sanciona.
La mayoría de las armas de fuego son fabricadas en un entorno de legalidad, dadas las dificultades prácticas de establecer “fábricas ilegales”. Pero gran parte de estas son “desviadas” al mercado ilegal.
Como todo mercado irregular, su cuantificación sólo puede hacerse de modo aproximado. Según estimaciones, en un 3,9% de los hogares argentinos hay armas de fuego, eso implica que puede haber entre tres y cuatro millones de armas de fuego en Argentina.
El desvío de armas en manos de las policías es una forma de alimentar el mercado ilegal. El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó el secuestro de 2.190 armas utilizadas por bandas criminales durante los primeros 8 meses del año 2020. Entre 2014 y 2019 fueron sustraídas y/o extraviadas 502 armas cortas y largas a la policía, según el Registro Provincial de Armas (REPAR). Esta información refiere a arsenales policiales que no están asignados a un personal en particular y que se encuentran en depósito o en stock que se filtran a los circuitos ilegales en robos o por situaciones de corrupción.
¿Para qué se usan las armas de fuego en Argentina?
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue producido con un arma de fuego.
El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Estas situaciones se producen en contextos de conflictos interpersonales: peleas entre conocidos, familiares, vecinos, parejas o ex parejas, entre otros.
En Santa Fe la situación es aún más grave: las armas de fuego son utilizadas en el 80% de los homicidios.
En las ciudades de Rosario y Santa Fe, en el año 2021 se registraron 1.100 personas heridas por armas de fuego y se contaron cerca de 15.000 llamados a la Central de Atención de Emergencias 911 reportando hechos con armas de fuego (hallazgos de arma de fuego, amenazas, personas armadas o disparos de armas de fuego).
Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género en sus distintas formas. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.
De acuerdo con este registro, al menos el 6,5% de los femicidios cometidos durante 2022 fueron cometidos por un funcionario de fuerzas de seguridad: en la mitad de los casos se utilizaron armas de fuego y casi todas eran sus armas reglamentarias.
Responsabilidades de los Estados y las empresas
Las armas de fuego están diseñadas para aumentar la capacidad de daño. Su presencia aumenta las probabilidades de que cualquier conflicto termine con un resultado lesivo o mortal.
Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal y la responsabilidad de prevenir la violencia con armas de fuego. Por eso tienen el deber de desarrollar políticas públicas orientadas a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego y también deben desarrollar acciones orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas en cada país.
La fabricación y comercialización de armas de fuego, municiones y explosivos en muchos casos están a cargo de empresas privadas nacionales o extranjeras. Estas actividades tienen un impacto directo en el ejercicio efectivo de los derechos a la vida e integridad personal. Las empresas tienen el deber de prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus intervenciones y los Estados tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas obligaciones.
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