La propuesta, consensuada por Educación, Trabajo y el FUDB, se suma a la normativa ya establecida en la Resolución 2672/15 y la Guía de orientación para la Intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar.
La Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Trabajo y el Frente de Unidad Docente (FUDB) firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires.
Esta acción de la DGCyE se suma a la Resolución 2672/15 y la Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar.
El documento, que lleva la firma de los ministros Alberto Sileoni y Walter Correa y los secretarios generales de los gremios de educadores que integran el FUDB, establece medidas preventivas ante diversas circunstancias en donde las y los docentes bonaerenses atraviesan situaciones de conflicto, violencia física, verbal o psicológica en el ámbito laboral.
“En el marco de la prevención, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo docente, se busca proteger al trabajador y la trabajadora docente y a otras personas que integran la misma actividad que sean objeto de amenazas y/o comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada, y que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia o acoso por razón de género”, estable el acuerdo paritario cuya efectiva aplicación del Convenio 190 de OIT, que fuera ratificado por la Nación Argentina mediante la Ley 27580.
En ese sentido, el ministro Alberto Sileoni expresó que “hay un Estado presente que, ante una situación de gran complejidad, de extrema violencia, continúa trabajando para resguardar a sus docentes, directivos y principalmente a las y los niños y adolescentes que estudian en nuestras instituciones educativas”.
El funcionario agrego: «Reiteramos, insistimos, que todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia, real o simbólica, de discriminación, de falta de respeto al semejante, donde no tengan lugar los discursos de odio». Además, completó que “hay que alentar una educación bonaerense humanista, que construya la necesidad del otro, que enseñe el valor de la verdad, que enseñe a preferir la ley y la convivencia en paz».
Por su parte, Correa consideró: «Este acuerdo paritario surge de un abordaje integral que comenzamos con los trabajadores de la educación en conjunto con Ministerio de Educación, es para resguardar y reparar situaciones de violencias que se padecen en las instituciones educativas, no sólo como modo de cuidar las y los docentes, sino también a los niños, niñas y el proceso educativo en su conjunto».
Cabe destacar que, en el marco del acuerdo, la DGCyE se compromete a seguir profundizando las capacitaciones referentes a la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela, como así también se dispondrán ámbitos de solución de conflictos, asesoramiento jurídico y asistencia a las víctimas y denunciantes.
También, la DGCyE promoverá la conformación y funcionamiento regular de un ámbito interministerial para el abordaje integral de las situaciones de conflicto y violencias en las escuelas que afectan las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, el cuidado de niños, niñas y adolescentes y el normal desarrollo de las actividades educativas.
El mismo se conformará con representantes de la cartera educativa, los Ministerios de Trabajo, Justicia, Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Mujeres, políticas de género y diversidad sexual y Comunicación.
En el supuesto que trabajadores o trabajadoras docentes, hubieran sido imputadas e imputados y/o resultaren absueltos y/o la causa penal haya sido archivada y/o de las investigaciones administrativas resultare un deslinde de responsabilidades, la DGCyE garantizará actos de reparación, en el marco antes definido y/o desagravio público en el ámbito escolar, y la comunidad educativa, previa conformidad de las y los afectados.
Se arbitrarán las medidas necesarias en articulación con el Ministerio de Seguridad, para que en los casos en que deban intervenir las fuerzas policiales, no interfieran en la actividad escolar, garantizando el resguardo del funcionamiento institucional preservando a las niñas y niños, a docentes y trabajadores auxiliares de acciones disruptivas del cotidiano escolar.
La información que requiera el poder judicial a fines de cualquier proceso que involucre a docentes, auxiliares y niñas y niños, será canalizada a través de las autoridades educativas, mediante la correspondiente orden judicial, garantizando la protección de los derechos y evitando la difusión de datos filiatorios de denunciantes, afectadas y afectados.
Del encuentro participaron los ministros e integrantes de los gabinetes de ambas carteras provinciales, funcionarios y representantes de Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET, que integran el Frente de Unidad Docente.
