El Congreso español aprobó este jueves, en medio de una gran bronca política, una reforma urgente de los delitos de sedición y malversación, patrocinada por el Gobierno de izquierdas, apoyada por los independentistas catalanes de ERC, entre otros partidos, y criticada fuertemente por la derecha.
Por esos delitos fueron condenados en 2019 varios líderes soberanistas de Cataluña (algunos de ERC) a entre 9 y 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por su responsabilidad en el proceso independentista ilegal de 2017, para el que desviaron fondos públicos de manera irregular.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, está procesado por los mismos motivos también.
Ahora, el delito de sedición se transforma en uno de «desórdenes público agravados», con una pena máxima que se reduce de 15 a 5 años.
Además, se rebaja a cuatro años la pena máxima de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, según acordaron los socialistas y ERC en una enmienda; este partido gobierna en Cataluña y reclama un referéndum de «autodeterminación», a lo que se niega el Gobierno.
Los conservadores y los liberales, que rehusaron participar en la votación como señal de protesta, y la extrema derecha -que había anunciado una moción de censura- reprochan el alcance de la modificación del Código Penal y la tramitación parlamentaria exprés.
La reforma quedaría aprobada definitivamente este mismo año, una vez que se debata y vote en el Senado.
Los conservadores consideran que la reforma tendría un efecto retroactivo beneficioso de revisión de penas «a medida» de los independentistas catalanes condenados, además de debilitar la lucha contra la corrupción.
Y entienden, sobre todo, que se trata de «un pago más» que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, hace por seguir en el poder, concretamente a cambio del voto de ERC -socio parlamentario habitual del Gobierno- a los presupuestos del Estado de 2023, que también deben aprobarse antes del año nuevo.
Sánchez dirige desde enero de 2020 un ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero necesita constantemente apoyarse en otros partidos pequeños para poder sacar adelante las leyes en el Parlamento, generalmente nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
Su Gobierno indultó a los soberanistas catalanes en 2021, lo que les permitió salir de la cárcel, pero siguen inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.
Recientemente, Sánchez defendió en Barcelona, la capital de Cataluña, su política de «conciliación» y su agenda del «reencuentro», además de afirmar: «Las disputas se resuelven en el terreno de la política y no en los juzgados».
Argumentó que sus iniciativas, aunque «arriesgadas», persiguen «apostar por el reencuentro y la concordia». «Lo hacemos para garantizar que Cataluña y España nunca más vuelvan a vivir aquellos días tristes de 2017», aseguró en referencia al proceso independentista ilegal.
Intento polémico de frenar la tramitación parlamentaria
El debate parlamentario de hoy en Congreso, al que no asistió Sánchez por estar participando en la cumbre europea de Bruselas, discurrió en un ambiente muy tenso y áspero, incluso con gritos desde las bancadas y acusaciones cruzadas de «golpismo» entre partidos de la izquierda y de la derecha.
También con fuerte polémica y en la misma reforma, la Cámara Baja aprobó cambios en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para sortear el actual bloqueo político en su renovación.
En este caso, el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, intentó frenar la votación por medio de un recurso de amparo ante el propio TC para que este paralizara cautelarmente la tramitación parlamentaria.
El PP, que reclama elecciones anticipadas, cree que son modificaciones «inconstitucionales» por medio de enmiendas de los socialistas y Unidas Podemos. Y con ellas se pretende «controlar» el más alto Tribunal.
Sin embargo, el Constitucional aplazó la decisión hasta el lunes pues debe resolver primero, según fuentes jurídicas, sobre las recusaciones planteadas por Unidas Podemos contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la reforma, dado que implicaría su salida del Tribunal.
FUENTE: Euronews
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