Menos de dos horas después del discurso de Cristina, la fiscal de Bariloche, María Cándida Etcheparne, pidió a la jueza a cargo de la causa que amplíe la investigación del incidente y se levante el secreto bancario de los investigados.
La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, le solicitó a la jueza a cargo del expediente del escándalo del chat que se aboque a investigar el posible delito de «aceptación de dádivas» que pesa sobre jueces, funcionarios de Horacio Rodriguez Larreta y ejecutivos del Grupo Clarín.
La decisión de la fiscal se preveía luego que trascendieran tramos del chat explosivo en los que el juez federal, Julian Ercolini y el procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, se jactaran que Etchepare había sido permeable a sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite. Difícil que luego de semejante filtración la fiscal aceptara seguir ese curso de acción.
Etchepare sostiene que las actuaciones se iniciaron el 24 de octubre a partir de una denuncia presentada por Marcelo Hertzriken Velasco. Según explica, desde ese momento se inició una investigación que determinó que el día 13 de octubre se trasladaron desde Buenos Aires hacia Bariloche en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials.
La firma remitió a la fiscal una copia de las facturas emitidas a los pasajeros y se constata que muchas de ellas datan del mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth que tiene fecha del 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente.
Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. En el tramo del explosivo chat que Cristina Kirchner exhibió este martes, se ve como los jueces y funcionarios acuerdan hacer un pago antedatado de 120 mil pesos cada uno, en un intento por evitar que se los acuse de dádivas. La documentación revelada por la fiscal coincide con lo exhibido en el chat.
De hecho, a la fiscal le llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad «contado» y que el pago se realizara el mismo día del vuelo. En el chat, los integrantes acuerdan hacer el pago al contado para evitar que el uso de la tarjeta revele que fue realizado después del mismo.
La fiscal Etchepare buscó acreditar o descartar una posible reunión de los pasajeros con el ex presidente Mauricio Macri o el empresario inglés Joseph Lewis toda vez que eso indicaba la denuncia. Por eso requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que informe los datos de todos los vuelos -privados o comerciales- que arribaron a Bariloche en esos días.
Así se descartó reuniones con Macri, pero de ese entrecruzamiento de datos surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A. que arribaron a Bariloche el mismo 13 de octubre.
La fiscal incluso pidió a la PSA imágenes de los pasajeros al llegar al aeropuerto Teniente Candelaria, que fueron incorporadas en el escrito. «Requerí a la P.S.A. la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado», señala la fiscal.
Las imágenes permiten a la fiscal constatar que los pasajeros son recibidos por Nicolás Van Ditmar, presidente de «Hidden Lake S.A.», que significa Lago Escondido en inglés, lugar donde el británico Joe Lewis tiene su mansión.
La fiscal destaca que Nicolás, mencionado largamente en el chat y que fue «coucheado» por algunos de sus integrantes antes de declarar ante la fiscal, es conocido»ampliamente» a nivel local «en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia». En su mensaje de este martes, Cristina acusó a Lewis de «robarse» el lago.
La fiscal comprueba que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, motivo que la lleva a exigirle a la policía explicaciones por la supuestamente falta de controles.
Luego señala que Nicolás le aporta comprobantes dele pago de la estadía pero estos le llaman la atención porque son bastante posteriores a la estadía. «Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28. También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados», sostiene Etchepare.
«Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara.
A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas «al contado» e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», concluye la fiscal, antes de solicitar a la juez que se aboque al tema y disponga una serie de medidas de pruebas y pedidos de informes a la AFIP y otros organismos, además de levantar el secreto bancario de los investigados.
La fiscal entendió que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal.
FUENTE: LPO
