La Corte se reunió de urgencia y articuló la respuesta con los distintos sectores judiciales. Piumato anunció un paro.
El Poder Judicial rechazó en bloque la iniciativa del Gobierno para que los judiciales paguen Ganancias y prevén un conflicto entre los tres poderes del Estado.
La Corte Suprema se reunió de urgencia luego de que el oficialismo incorporara en el Presupuesto 2023 un artículo que obliga a jueces, fiscales y empleados judiciales a pagar Ganancias.
El Máximo Tribunal estuvo en diálogo permanente durante todo el día con todos los sectores, e incluso se especula con un pronunciamiento publico, aunque se descarta que la respuesta final será un fallo por inconstitucionalidad.
En un clima de preguerra del Poder Judicial con el Gobierno, los magistrados salieron al unísono a cuestionar la iniciativa del Frente de Todos.
La Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (Ajufe) que lidera Ariel Lijo emitió un comunicado en el que asegura que la reforma propuesta por el Ejecutivo está «en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial».
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también emitió un comunicado en el que tacha de inconstitucional el artículo que busca imponer el oficialismo.
El líder la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, anunció un paro nacional para el martes 25, ya que el artículo incluye a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Pero el repudio fue tan generalizado que incluyó a sectores kirchneristas como el Sitraju que lidera la diputada Vanesa Siley, mano derecha del camporista Wado de Pedro.
También se pronunció en contra la Asociación de Magistrados que emitió un comunicado firmado nada menos que por el camarista Mariano Llorens, que debe evaluar varias de las causas de corrupción que enfrenta el kirchnerismo. Estos jueces pidieron ser escuchados en el Congreso y anticiparon que interpondrán presentaciones judiciales para defender sus «derechos».
Sin embargo, pese a la hola de rechazos, hasta ahora el oficialismo mantiene su idea de aplicar el tributo a los judiciales. Como explicó LPO, el presupuesto 2023 destina el 70% de lo que se estima recaudar por esta extensión del tributo a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a «un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario».
Pero más allá de la justificación que hace el Gobierno, la lectura que hacen en el Poder Judicial es que el proyecto es parte de la embestida del kirchnerismo contra la Justicia porque se avecinan condenas contra Cristina Kirchner. De hecho estiman que antes de fin de año saldrá la de Hotesur. «No llamaron a nadie para hablar sobre esta iniciativa», dijeron a LPO en la Justicia, como muestra de la intención vindicativa de la norma. «Lo normal hubiera sido abrir un diálogo previo», agregaron.
En ese sentido creen que el Gobierno buscó el conflicto de poderes porque saben que este proyecto se va a judicializar y trabar, pero el objetivo es estigmatizar a los jueces para cuando salga el fallo contra Cristina acusarlos de tomar venganza por forzarlos a pagar un impuesto que el resto de la sociedad tiene que pagar.
Además, las fuentes desmintieron al diputado oficialista Marcelo Casaretto, que dijo que se recaudarían 237 mil millones de pesos en el año que viene cobrándole impuestos a los jueces federales. En el Poder Judicial dicen que los jueces federales pagarían 11 mil millones de pesos y que todo el resto recaería en empleados y funcionarios judiciales. De hecho, el artículo incorporado en el Presupuesto incluye a todos los jueces y fiscales provinciales y nacionales, además de los empleados de esas jurisdicciones.
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