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El músico, de 32 años, fue asesinado de un tiro en el pecho el 26 de septiembre de 2021, a la salida del local bailable «Mr. Jones» en Playa Grande.

Al cumplirse un año del homicidio del DJ Leandro «Lele» Gatti, cometido durante un robo a la salida de un boliche en Mar del Plata,dos de los acusados del crimen cumplen prisión preventiva a la espera de ir a juicio, mientras que otros dos continúan prófugos, pese a una docena de allanamientos realizados para tratar de localizarlos y al ofrecimiento de una recompensa de hasta cuatro millones de pesos para quien aporte información sobre ellos.

Gatti (32) fue asesinado de un tiro en el pecho en la madrugada del 26 de septiembre de 2021, cuando salía de trabajar del local bailable «Mr. Jones», en la zona de Playa Grande, y fue atacado por motochorros.

A un año del homicidio, sus allegados y colegas se concentrarán este lunes desde las 19 en las escalinatas ubicadas a metros del boliche, en la costa marplatense, donde además de recordarlo pedirán que se haga justicia y exigirán la captura de los dos prófugos, entre ellos el presunto autor material del crimen.

«Nos vamos a concentrar en silencio en ese punto, por pedido de la familia de Lele, y vamos a pedir justicia con velas de manera respetuosa», explicó a Télam Alexis, DJ amigo de la víctima.

Por el asesinato de Gatti están detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán Luis Alberto Ytzcovich (28) y Fernando Alberto Romito (40), quienes deberán enfrentar un juicio oral que aun no tiene fecha de inicio como imputados del delito de «homicidio en ocasión de robo».

A su vez, en el marco de la investigación, continúan prófugos y con pedido de captura José Maximiliano Vergara (28), presunto autor del disparo mortal, y Eduardo Maximiliano Urra Zapata (34).

La elevación de la causa a juicio respecto de los dos detenidos fue confirmada el último 23 de agosto por el Juzgado de Garantías 6 marplatense, a cargo de Lucrecia Bustos, quien hizo lugar al requerimiento de la fiscal Andrea Gómez.

Por su parte, Ytzcovich, quien se entregó en una seccional policial 48 horas después del crimen, está acusado de conducir la moto desde la que fue abordado Gatti en el playón de estacionamiento ubicado junto al local bailable, y está imputado como «coautor» del homicidio.

Aunque su defensor cuestionó la figura de coautoría al considerar que «únicamente se demostró que manejaba la moto», la jueza de Garantías consideró que «pese a observar que Vergara sacó el arma cuya existencia supuestamente desconocía», el conductor «lo ayudó a repeler el embate defensivo de la víctima».

«Lejos de abortar la misión, optó por aguardar en el lugar para huir, conduciendo por media ciudad, garantizando así la impunidad de ambos», explicó la magistrada en su resolución.

Mientras que Romito era el jefe de seguridad del local bailable e irá a juicio en calidad de «partícipe necesario», ya que para la fiscalía brindó información sobre «movimientos y horarios de los empleados al retirarse» del lugar, «así como las características de los bolsos en los que transportaban el dinero» de la recaudación.

Este acusado fue detenido diez días después del asesinato, luego de haber participado en una marcha en reclamo de justicia por el crimen frente a la sede de la Municipalidad local.

En cuanto a los dos prófugos, Vergara está acusado de ser quien le dio un tiro en el tórax al DJ con un arma calibre 22, tras un pequeño forcejeo, herida que le produjo la muerte minutos más tarde, tras ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.

Vergara está prófugo desde el 11 de noviembre último, cuando la jueza libró una orden de detención en su contra.

Respecto de Urra Zapata, su orden de captura se libró tres días después del crimen y está imputado por ser quien presuntamente «diagramó el plan para cometer el ilícito».

Además, se lo acusa de brindar apoyo a los motochorros «a bordo de un automotor Renault Clio», que fue captado por cámaras de seguridad en la zona de Roca y el Boulevard Marítimo.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció en febrero pasado una recompensa pública de entre 2 y 4 millones de pesos para quienes aporten información fehaciente que permita localizar y detener a ambos prófugos.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que pese a este ofrecimiento y a una docena de allanamientos realizados en los últimos meses en distintos puntos de la ciudad y localidades vecinas, no surgieron elementos concretos que permitieran ubicarlos.