Los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete imputados vinculados al entorno de Diego Armando Maradona fueron citados a declaración indagatoria por una fiscal de La Plata que los acusa de haber manipulado psicológicamente al fallecido astro del fútbol y de haberle suministrado “alcohol, fármacos y marihuana” para apropiarse de sus bienes y sus marcas para su provecho económico, informaron fuentes judiciales.
Morla y Stinfale -ambos exapoderados y letrados de Maradona- están identificados en esta causa como “organizadores del plan”, pero aparte de a ellos, la convocatoria a indagatorias alcanza también a Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando “Charly” Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).
Se trata de una causa por «asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces» que lleva adelante la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, y el juez de Garantías 3, Pablo Raele, ambos de La Plata.
Este expediente era impulsado por algunos de los hijos herederos del “10” y se instruye en ese departamento judicial porque todas las maniobras denunciadas habrían ocurrido cuando Maradona, el ex DT de Gimnasia y Esgrima, vivía en el country Campos de Roca.
Al describir el hecho que les imputa, en su resolución -a la que tuvo acceso Télam-, la fiscal Corfield señala: “Desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año, en el Barrio Cerrado Campos de Roca ubicado en el partido de Coronel Brandsen, los imputados Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibañez redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”.
Al continuar la imputación, Corfiel afirma que esos acusados le restringieron a Maradona “el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura”.
“Se encuentra acreditado que solo podían acceder a visitarlo quienes estuvieran autorizados previamente por alguno de los imputados, y si para el caso se autorizaba la visita o contacto telefónico de algún amigo o familiar, la orden era que no podían quedar solos, siempre debía estar presente uno de los imputados o persona de confianza de ellos, como lo eran los encargados de seguridad, para ver y oír todo cuanto allí sucediera y hasta, cuando se tornara inconveniente para sus intereses, intervenir para disolver el contacto”, señala la fiscal.
Corfield indica que “con el mismo fin, el de impedirle contactarse con amigos y familiares, cambiaban permanentemente sus números de abonado telefónico y le manipulaban los aparatos de telefonía celular, a los que les modificaban la agenda de contactos, o los colocaban en modo avión, para que no pueda generar ni recibir comunicaciones”.
Además, la fiscal afirma que “de forma paralela, no obstante el conocido historial de adicciones de la víctima le suministraban alcohol, fármacos y marihuana, para mantenerlo en estado de confusión mental”.
La representante del Ministerio Público agrega que todo ello era “con el fin mantenerlo bajo su poder y a la vez, facilitarles la obtención de su firma, en documentos de distinta naturaleza”.
“Aislado de familiares y amigos, los organizadores del plan, Stinfale y Morla, pusieron alrededor de la víctima a personas que respondían a sus intereses”, señala.
En ese sentido, la fiscal sostiene que “Pomargo era quién autorizaba o denegaba el ingreso de visitas a Maradona, se encargaba de la compra de bebidas alcohólicas”, que “era también quien hacía firmar a Maradona los contratos correspondientes a los negocios que realizaban con las marcas nominativas y su imagen, para lo cual esperaba el momento oportuno, cuando Maradona se hallaba en las peores condiciones, a causa del consumo”.
“Asimismo, conformó con su cuñado Matías Morla, la empresa Sattvica, a cuyo nombre registraron las marcas de Maradona, y cuyo favor se cedieron los derechos sobre su imagen”. agrega la imputación.
Respecto a Vanesa Morla, la fiscal afirma que “confeccionaba las recetas y encargaba la compra y el suministro de medicamentos a Maradona”.
Sobre Trimarchi, indica que “hacía las veces de chofer, llevaba la documentación para la firma de Maradona, para que Pomargo se la hiciera firmar y los fármacos que suministraban a Maradona, con recetas confeccionadas por Vanesa Morla”.
Por último, le atribuye a Ibáñez (actualmente preso en causas por robos y tenencia de armas) que “era el encargado directo de darle el alcohol, la marihuana y los medicamentos a Maradona”.
En cuanto al empresario Ceci y la escribana Iampolsky, la fiscal les imputa haber estado involucrados en la firma del documento en el que Maradona cedía sus marcas a la firma Sattvica, conformada por Morla y su cuñado Pomargo, y a la que se vinculó también al coimputado Garmendia.
Según la resolución, «el día 17 de agosto del año 2020, en la vivienda en Campos de Roca, sin su conocimiento ni consentimiento, hicieron firmar a Maradona, un contrato de concesión de licencia para la explotación económica de sus derechos de imagen, que le irrogó un perjuicio económico de envergadura», y le reconocen al astro del fútbol una ganancia del 50%.
«Traducido, los empleados le reconocen una compensación al dueño del negocio», dice la fiscal en su escrito.
Las fechas fijadas por la fiscalía para las indagatorias son: Matías Morla, 22 de marzo; Stinfale, 23 de marzo; Pomargo, 29 de marzo; Vanesa Morla, 30 de marzo; Trimarchi, 31 de marzo; Garmendia, 5 de abril; Ibáñez, 6 de abril; Ceci, 7 de abril; y Iampolsky, 12 de abril.
En el marco de esta misma causa, Dalma y Gianinna Maradona –hijas del exfutbolista-, a través de sus abogados ya habían solicitado una serie de detenciones e indagatorias para Morla y algunos miembros de su entorno.
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