Se necesitaría una partida de $81.000 millones para mantener los subsidios al gas. Según la presentación el Estado se hace cargo del 70,9% del costo del gas. Si asumiese el 100 % la tarifa bajaría entre 38 y 53% y si decidiese quitar su aporte, subiría entre el 92 y el 130%.
El Estado nacional necesitaría una partida presupuestaria adicional de $ 81 mil millones para 2022, de sostenerse el actual esquema de subsidios al gas que cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria, estimó este lunes en Audiencia Pública la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Maggie Videla.
De acuerdo con estimaciones de la subsecretaría, ese 70,9% representará este año un monto total de $ 216.365 millones, según se detalló en la Audiencia que se realizó hoy de manera on line durante más de cuatro horas y media con la participación de 24 expositores.
Dado que el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado, asignaba una partida de $ 135 mil millones, se necesitaría una erogación adicional de $ 81.000 millones para llegar a los $216.365 millones. Ese es el cálculo que presentó hoy la funcionaria de la cartera energética en la apertura de la jornada.
En cambio, si el Estado cubriera el 44,4% en vez del 70,9%, no harían falta partidas adicionales, de acuerdo con los distintos escenarios presentados en la audiencia.
La definición que se tome tras la realización de la audiencia convocada por la Secretaría de Energía impactará en el precio final a pagar por los usuarios.
El propósito del Gobierno, expresado desde mediados del año pasado, es el de aprobar incrementos segmentados acordes al poder adquisitivo de los usuarios y que tengan un impacto en la tarifa del consumidor final inferior a la inflación prevista del 33% para todo 2022, según el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado por la oposición en el Congreso.
“Siempre la tarifa que vamos a considerar va a ser la más adecuada para los usuarios del servicio”, señaló Videla en su intervención.
Además, enfatizó: «Hoy por hoy tenemos desafíos muy importantes en materia de gas, principalmente en términos de infraestructura, para que finalmente llegue a todos los habitantes del país”.
La presentación de la Secretaría de Hidrocarburos reseñó que “el precio del gas nacional que cobran las productoras quedó establecido con la adjudicación realizada de volúmenes y precios ofertados libremente por las respectivas empresas que participaron voluntariamente de la compulsa de la Ronda I del Plan Gas.Ar”.
La audiencia pública se realizó de manera virtual y contó con la participación de legisladores, asociaciones de consumidores, empresas de la cadena de valor, y particulares interesados.
Entre los reclamos de los participantes se destacó el pedido de información sobre cuál es el costo real de producción de gas, por el que las empresas cobran un promedio de US$ 3,53 por millón de BTU (unidad de medida, equivalente a 28,5 millones de metros cúbicos).
Al respecto, el diputado mendocino José Luis Ramón llamó a «repensar el proceso de privatizaciones de hace 30 años», y la titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, caracterizó como «cuatro vivos» a las compañías del sector.
Por su parte, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, sostuvo que no puede analizarse la tarifa del gas sin tener en cuenta el gasto de las familias en la totalidad de los servicios públicos.
En otro orden, el jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano, objetó el tratamiento diferente en los subsidios para ese sector y para los usuarios residenciales, que a su juicio implicó que, mientras el consumo de gas de la industria se mantuvo estable en los últimos años, el de los hogares aumentó más del 40%.
La discusión
La convocatoria es la segunda luego de la realizada el 19 de enero por parte del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), en la que se dieron a conocer las propuestas de aumento de las transportadoras y las distribuidoras.
Ambos encuentros virtuales serán tenidos en cuenta a la hora de fijar los nuevos valores tarifarios, para cuya determinación deben considerarse cuatro factores: el precio de gas en boca de pozo o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el del transporte, el de la distribución y, finalmente, la carga tributaria consistente en impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.
Videla precisó que el costo impositivo representa el 24% de la tarifa final, en tanto el costo del gas en promedio representa el 60%.
La tarifa de gas que pagan el usuario final tuvo en 2020 una actualización de 6%, pero el propósito de alcanzar la mayor cobertura de los costos de extracción, transporte y distribución, tiene relación directa con el nivel de los subsidios económicos y su impacto en el resultado fiscal.
Al respecto, un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó que en 2021 los subsidios destinados al sector energético (gas y electricidad sumados) ascendieron a $ 1,046 billones, equivalente a dos tercios del total y cerca del 80% de todo el déficit primario.
En el proyecto de Presupuesto se estimó un gasto en subsidios energéticos para 2022 de $ 873.397 millones.
Por otra parte, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, destacó recientemente en su cuenta de Twitter que el organismo y el gobierno argentino estuvieron de acuerdo «en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva».
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