Organizaciones ambientalistas presionan para que se sancione la Ley de Humedales, la cual podría perder estado parlamentario en 2022.
La Ley de Humedales, uno de los proyectos capilares en la conservación del ambiente, podría perder estado parlamentario a comienzos del año próximo si la Cámara de Diputados no avanza en su tratamiento; por lo cual, organizaciones ambientalistas convocaron a firmar una petición para que los y las legisladores nacionales trabajen sobre la misma en el seno de las comisiones respectivas.
Los efectos del cambio climático son cada vez más notorios en Argentina, pero gran parte de los funcionarios de los tres poderes del Estado no realizan más que acciones declamativas. La situación en el Delta del Paraná, mostraron en este sentido la importancia de una ley que sirva para la conservación y el cuidado de los humedales, los cuales funcionan como una «esponja» natural que absorbe el agua y sirve como reserva en momentos de sequía.
Según las organizaciones que impulsan el pedido en la Cámara baja, los ecosistemas que se buscan proteger alcanzan el 21,5% de la superficie del país, unos 600 mil Km2, por lo cual «cumplen roles importantes tales como la provisión de agua dulce, la mitigación del cambio climático y la prevención de inundaciones, entre otros».
Durante 2020 se presentaron 15 proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en el Senado para regular los humedales en la Argentina. Previamente, en 2013 y 2016, se trataron proyectos sobre el tema en el Congreso Nacional. En ambas ocasiones, se logró la media sanción del Senado, pero no hubo avances en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario, lo cual puede volver a ocurrir.
Las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados deben tratar y aprobar el tema para que luego sea debatido en el recinto. En razón de que se acaba el año legislativo el 30 de noviembre, se necesita de un Plenario de Comisiones para avanzar con prontitud.
En noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados aprobó un texto de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría.
