El Ministerio de Transporte acordó un aumento del 20 por ciento en la tarifa de referencia para los servicios de transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, se anunció este jueves en un comunicado de la cartera.
El incremento, que comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, se conformó mediante una reunión de la segunda Mesa de Negociación Participativa realizada ayer, encabezada por el subsecretario de Transporte automotor de la Nación, Marcos Farina, y que incluyó la participación de las entidades empresarias y sindicales en la propuesta y desarrollo de políticas y acciones para el sector.
La medida tiene como objetivo garantizar una amplia competencia y transparencia del mercado; impedir las acciones oligopólicas, concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector; y contribuir en el procesamiento y difusión estadística e informativa sobre la demanda, oferta y precios del sistema.
La segunda Mesa de Negociación Participativa estuvo integrada por Juan Manuel Escudero, director Nacional de Transporte de Cargas, Delfo Buchaillot, subsecretario de Agricultura, Gandadería y Pesca, representantes de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
También por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac); la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl); la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; la Federación de Trasportadores Argentinos (Fetra); el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
La decisión de llevar adelante la actualización de la tarifa de referencia por parte del Ministerio de Transporte, conducido por Alexis Guerrera, responde a la implementación de medidas para el sector con la premisa de coordinar las relaciones entre el poder público y los sectores interesados, y promover la participación de las entidades empresarias y sindicales en la propuesta y desarrollo de políticas y acciones del sector.
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