Máximo aumenta la presión a Guzmán y habilita una ley para sumar ciudades con descuentos al gas. Se presentará un proyecto de ley que suma a Mendoza y ciudades de Buenos Aires. Aseguran que no tendrá costo fiscal porque se pagará con un fondo que ya existe.
La pelea entre Martín Guzmán y Máximo Kirchner por el volumen de subsidios a los servicios públicos se traslada al Congreso: este jueves, el bloque oficialista conducido por el diputado respaldará un proyecto para incorporar ciudades con climas fríos beneficiadas con descuentos en las tarifas de gas.
Se trata de una disposición tomada en el presupuesto de 2002 que creó un fondo fiduciario con un pago extra en las boletas de gas del 0,004% por metro cúbico para financiar las tarifas de la patagonia, donde las temperaturas obligan a prender el calefactor día y noche.
Máximo y el titular del Enargas Federico Bernal avalaron un proyecto para ampliar las ciudades alcanzadas, a partir de iniciativas presentadas por la oficialista Liliana Schwindt, el mendocino José Luis Ramón, habitual aliado del Frente de Todos; y Alejandro «Topo» Rodríguez, de Consenso Federal, el sello de Roberto Lavagna.
Amparados en informes del servicio meteorológico nacional, los tres reclaman hace un año sumar a sus regiones entre las que paguen menos gas, pero aumentaron la presión cuando el encierro del último invierno por las cuarentenas incrementó los consumos. Aseguran que en muchos hogares de zonas frías el congelamiento de tarifas resultó inocuo.
Schwindt, que es de Olavarría, sumó al beneficio a las ciudades del centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires; Rodríguez al sudeste bonaerense (como Tandil, su distrito; Balcarce, Mar del Plata y Necochea); y el mendocino Ramón a su provincia (la ley sólo había incluido a Malargüe) y algunos departamentos de San Juan.
La disputa entre Máximo y Guzmán fue la coyuntura perfecta para que el tema gane un lugar en la agenda oficial. Sería presentado este jueves a las 18 horas, quizá con un zoom con intendentes, que reforzará la presión que ejercieron desde el PJ bonaerense para que no haya aumentos de tarifas.
Si bien técnicamente no no se trata de un subsidio, porque el descuento está sujeto a un aporte directo de los usuarios no alcanzados por el beneficio, la presentación del proyecto retomará el debate por el impacto de este rubro en el presupuesto, que el ministro de Economía consideró «pro-rico» y causal del aún abultado déficit fiscal.
Fue después de no poder aplicar una segmentación de las tarifas por la resistencia de Cristina Kirchner, quien además de no estar de acuerdo (en su libro relata una discusión sobre el tema con Martín Lousteau), tampoco confía en su aplicación porque la única vez que intentó hacerla cuando era presidente no le salió bien.
Pocos recuerdan ese fallido intento porque en ese entonces las tarifas estaban por el piso, pero los usuarios de sectores medios nunca olvidarán el tarifazo de Mauricio Macri en 2016, que para el oficialismo actual fue la génesis del votante converso que les permitió volver al poder tres años después.
Los subsidios a las zonas frías se crearon en 2002 reducidos a la patagonia. Tres diputados proponen ampliarlos al centro y sur de Buenos Aires y Mendoza. Máximo los apoya y llevará al Congreso su pelea con Guzmán sobre los subsidios a los servicios públicos.
«Guzmán está trabajando con la agenda del FMI y dice cosas increíbles. Está definiendo como ricos a personas de clase media baja que si les seguimos golpeando el poder adquisitivo no nos votan más», replican desde el Frente de Todos en el Congreso, donde no hay voces que lo defiendan. Algunos hasta creen que está buscando excusas para volver a dar clases en la Universidad de Columbia en diciembre, cuando caducaría su licencia.
Su relación con el Congreso quedó erosionada después que lo obligaran a retirar su reforma de Ganancias para sociedades comerciales, que aumentaba el impuesto a empresas con rentas mensuales de 108 mil pesos. Sergio Massa lo visitó junto a los senadores Carlos Caserio y Anabel Fernández Sagasti y lo forzaron a enviar otro proyecto que quintuplicó ese piso y se aprobará la semana que viene en Diputados.
La segmentación de los subsidios a los servicios públicos es un pedido habitual de la oposición de turno y desde la asunción de Alberto Fernández merodean por la secretaría de Energía técnicos que dicen tener la fórmula perfecta. El actual titular de esa cartera, Darío Martínez, coqueteó con la medida ni bien reemplazó a Sergio Lanziani, pero un par de charlas con la vicepresidenta en el despacho del Senado lo hicieron cambiar de opinión.
Guzmán se tiene fe y para aplicarla había logrado hace dos semanas el aval del jefe de Gabinete Santiago Cafiero para echar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, un sociólogo cercano al kirchnerismo que resiste cualquier tarifazo por portación de ingresos.
La presión de Cristina y Máximo dejaron a Basualdo en su lugar y Martínez firmó un aumento plano del 9%. El viernes, Guzmán reaccionó con un palo para la vice horas antes de subirse al avión y sumarse a la gira de Alberto en Europa.
Los subsidios formarán parte de la discusión del presupuesto 2022, que tendrá varias etapas. La primera a fines del mes siguiente, cuando el ministro envíe un avance de los gastos e ingresos que prevé para el año que viene.
El proyecto de ley del presupuesto debe remitirse a Diputados el 15 de septiembre, tres días después de la fecha prevista para las elecciones primarias según el nuevo cronograma acordado entre oficialismo y oposición. En esas planillas deben detallarse los gastos previstos en subsidios a los servicios públicos, que comparados con la evolución de precios prevista permite estimar si aumentan o disminuyen. Será uno de los datos más esperados.
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