Por Josefina Kelly Neila
El juez en lo penal de Chubut, Marcelo Nieto Di Biase, rechazó el acuerdo de juicio abreviado por el caso de abuso sexual contra una menor en 2012, sobre el cuál el fiscal de Rawson Fernando Rivarola consideró que hubo «desahogo sexual» para referirse al hecho, lo que motivó un repudio generalizado y su pedido de juicio político. Al respecto opinó para Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La violencia por motivos de género es un problema estructural, un fenómeno complejo, que está atravesado por dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales. Por eso, siempre es necesario abordarlo desde un modelo integral, que no se reduzca únicamente a la resolución de casos individuales. Este enfoque de derechos, que se enmarca en el paradigma de gestión de la conflictividad social, entiende que estos conflictos son el resultado de múltiples opresiones, tanto a nivel individual como social, que se yuxtaponen, las más de las veces, con otras vulneraciones y con la falta de acceso a derechos.
Durante los últimos días se originó un debate sobre cómo el sistema de administración de justicia reacciona ante casos de violencia por motivos de género. Más allá de la coyuntura y de los casos en particular, es necesario problematizar y discutir la relación entre perspectiva de género y el sistema de administración de justicia, teniendo en cuenta toda su complejidad.
Como sabemos, el sistema penal tiende a proyectar estereotipos que resultan estigmatizantes sobre las personas en situación de vulnerabilidad social. Este problema adquiere aún mayor relevancia cuando se trata de mujeres y personas LGTBI+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.
Por eso, es imprescindible impulsar y demandar que se incorpore la perspectiva de género en cada una de las instancias de los procesos judiciales. Solo desde este enfoque se pueden generar las condiciones propicias para que estas intervenciones tengan en cuenta el contexto específico y singular en el que ocurren los hechos de violencia por motivos de género o contra la integridad sexual de las personas. A su vez, es fundamental aumentar la participación de mujeres y personas del colectivo LGTBI+ en cargos jerárquicos y de toma de decisión.
Es imperativo impulsar todas las herramientas posibles para modificar las prácticas y discursos que inciden en la investigación y juzgamiento de los delitos ocurridos en contexto de violencias por motivos de género. Todas las áreas y niveles del Estado, incluido el sistema de administración de justicia, deben (debemos) generar dispositivos y procedimientos que acompañen los cambios sociales y culturales, y que permitan generar respuestas multiagenciales para evitar la revictimización y dar un abordaje integral a las personas en situación de violencias.
Pero todos estos cambios serán insuficientes si, además, no se fortalece el acceso a derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género. Solo a partir de respuestas transversales, coordinadas y articuladas de todos los poderes del Estado, se logrará la implementación de políticas que contribuyan a la eliminación de las opresiones que sufren mujeres y personas LGTBI+, y la ampliación de derechos para construir una sociedad más justa e igualitaria.
