Intendentes y concejales, del oficialismo y de la oposición, manifestaron su preocupación por la situación. En la Legislatura ya se cursó un pedido de informes.
El Ministerio de Seguridad decidió en las últimas horas reclutar a efectivos policiales que prestan servicios en distritos del interior bonaerense y reasignarlos a tareas dentro del Conurbano, como medida de seguridad ante posibles desbordes que se puedan producir en el Área Metropolitana en el contexto de la cuarentena y de sus efectos económicos.
El problema es que los movimientos se produjeron sin dar siquiera aviso a los intendentes, que en muchos casos expresaron su malestar al propio gobernador, Axel Kicillof. En las últimas horas hubo pedidos desde el propio Frente de Todos hacia los ministerios de Ministerios de Seguridad, que conduce Sergio Berni, y de Justicia, a cargo de Julio Alak, en ese sentido.
“Muchas veces los oficiales dolorenses deben prestar servicios fuera de la localidad, poniendo en riesgo con sus traslados tanto a ellos como a los vecinos de Dolores y de la ciudad donde realizan su labor. Además, aumenta exponencialmente la circulación de personas y por ende el virus”, señaló la concejal Berenice Giménez, de Dolores.
La concejal pidió que “se busque dar una solución a estos traslados, ya sea prestando servicio en la ciudad donde están domiciliados o mediante la modalidad que desde los ministerios crean conveniente”.
Otro foco conflictivo es Pila, donde Seguridad reclutó a unos 40 efectivos que trasladó al Conurbano y dejó al distrito, uno de los más extensos de la Provincia, con 3.500 kilómetros cuadrados y 900 kilómetros de caminos rurales, con una repartición de una docena de uniformados para mantener la seguridad.
Según trascendidos, el intendente Gustavo Walker, también del Frente de Todos, expresó su malestar a Kicillof y amenzó con rescindir el convenio de adhesión a la Policía Comunal -ley 13.210-, toda vez que, dijo, la situación pone en riesgo extremo a la ciudad frente a posibles delitos.
En tanto que desde el Senado elevaron pedidos de informes respecto de esta situación. El legislador Andres De Leo presentó un proyecto en ese sentido, según dijo, a partir de la inquietud que le formularon intendentes de la región.
“Se ha advertido el traslado de personal policial, perteneciente el mismo al Ministerio de Seguridad, desde dependencias de seguridad establecidas en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires”, se lee en el texto, que refleja “la preocupación planteada por un grupo de intendentes del interior bonaerense”.
El temor, además del desguarecimiento de esos distritos, es que los uniformados se transformen en vectores de contagio. “Esta situación -agrego el senador bahiense de JxC-, de movimientos y traslados de personal involucrado en zonas de alta densidad poblacional y que, por cuestiones socio-sanitarias son áreas geográficas de vulnerabilidad sanitaria, podrían potencialmente transformarse en agentes de contagio en las localidades del interior bonaerense, si no reciben y son parte del proceso de contención sanitaria, requerida ante este escenario pandémico”.
Por eso el legislador pidió tener “un conocimiento cabal y concreto de la planificación e implementación de los traslados, como, asimismo, de los procesos de contención sanitaria requeridos”. Requirió saber, además, el proceso de la implementación de traslados del personal policial desde dependencias del Ministerio de Seguridad, establecido en el interior de la provincia a zonas del conurbano bonaerense, ya sea tanto en periodos temporales como asimismo los mecanismos de traslado.
Desde seguridad no dieron explicaciones oficiales, pero fuentes policiales explicaron a este portal que los traslados se deben a la decisión del Gobierno de «acantonar» efectivos en el Conurbano, durante períodos de aproximadamente 15 días, para luego licenciarlos para que cumplan la cuarentena en sus domicilios.
