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Por Horacio Castelli

Reitero un pedido realizado en otra editorial. No nos tomen el pelo. No nos falten al respeto. Los dirigentes políticos que hoy conducen el Municipio tienen el objetivo de intervenir con construcciones inmobiliarias el Parque Miguel Lillo.

Esto es sabido a partir de cientos de declaraciones realizadas en los últimos 10 años, y que a través de concesiones por 20 años con prórrogas automáticas por 10 años más se da, en verdad, una privatización encubierta.

No sigan diciendo que es mentira, porque con cada acción lo confirman.

La última intervención realizada por el actual Ejecutivo: se informó sobre un incendio, “ínfimo” según consta en el boletín informativo municipal, no se aclaró nunca si fue intencional o no, inmediatamente se realizó una reunión (sin presencia de ediles), y al día siguiente se comenzaron a abrir calles.

Por otra parte, se da en un lugar muy apropiado, al lado de un camping, el de camioneros, con “supuestos cortafuegos”, que medirán más de 100 metros de ancho, (declaraciones de Carreras, secretario de planeamiento Municipal), cuando las recomendaciones mundiales de los especialistas hablan de no más de 5 metros.

¿Sobre qué estudio se realizaron los trabajos, qué especialistas participaron y estudiaron el terreno para tomar semejante determinación? ¿Por qué no se convocó a los ediles a la reunión, cuando es el Concejo Deliberante quien debe autorizar los cambios en los espacios públicos?

En el ARTICULO 27 la Ley 22.679, indica que “Corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar”.

Remarcando en los siguientes apartados lo que sostenemos:

2.- El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial.

3.- La conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico.

Por lo tanto, no entendemos cómo los funcionarios se pueden arrogar en solo 24 horas, la intervención del Parque Miguel Lillo, sin presentar un proyecto que explique las tareas a realizar, los especialistas intervinientes y otros puntos necesarios para realizar los trabajos.

Tampoco entendemos cómo los concejales no han exigido explicaciones al Departamento Ejecutivo sobre las acciones iniciadas y la orden inmediata de detener dichas tareas.

Deben cumplir las normas, aun aquellos que cuando fueron concejales detenían la aplicación de las leyes nacionales y provinciales en las puertas del Concejo desoyéndolas, ahora lo hacen desde el Ejecutivo y esto es muy peligroso para la institucionalidad del distrito y la seguridad jurídica. Muy peligroso.