El máximo tribunal sostuvo que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires no posee legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017.
La Corte Suprema de Justicia confimó el rechazo al amparo colectivo contra el tarifazo del gas presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La resolución asegura que el organismo contralor carece de legitimación para impugnar medidas adoptadas por autoridades nacionales en 2017.
Al respecto, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó la decisión y dijo que «como la Defensoría del Pueblo de Nación está vacante, la Corte le quita a los bonaerenses la posibilidad de tener una voz que los defienda de las decisiones del gobierno nacional, ya que considera que nosotros no tenemos legitimidad para ir a la Justicia cuando el Ejecutivo afecta derechos con sus decisiones”.
La postura del Defensor del Pueblo se dio luego de que el máximo tribunal rechazara el amparo que promovió el organismo contra el tarifazo por considerarlo “confiscatorio e irracional”.
Ante esta situación, Lorenzino indicó que “la Corte deja en desamparo a los bonaerenses al no permitir que los podamos defender ante estas circunstancias».
Incluso uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, argumentó a favor de una intervención de la nuestra institución en defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos.
En ese marco, sostuvo que “aducir que no hay cabida en este expediente para procurar una tutela cautelar colectiva, ni ente apto para solicitarla en favor del conjunto de usuarios cuyos derechos se consideran vulnerados, equivale sellar la suerte adversa del litigio colectivo en su integralidad, de principio a fin; incluida, claro está, la pretensión impugnativa promovida”.
“Desconocer la legitimación del Defensor del Pueblo de la Provincia como representante colectivo de todos los bonaerenses afectados por el irrazonable aumento de tarifas, provoca que los ciudadanos sufran una permanente y sistemática vulneración de sus derechos fundamentales. Además, da vía libre para que el gobierno siga aplicando políticas que los perjudican”, finalizó.
