En el marco del Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que se implementó en nuestra región en julio pasado, junto con la reinauguración de la sede local del Registro Nacional de Armas (RENAR), se destruyeron hasta la fecha unas 360 armas, lo que registra un promedio de 5 armas por día. El programa tiene como objetivo el desarme de la sociedad civil, y la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por su uso.
El plan, que propone cambiar las armas por la entrega de un incentivo económico, comenzó a regir en nuestra región hace poco más de dos meses, cuando el intendente municipal de La Plata, Pablo Bruera, reabrió la sede local del RENAR en el Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana, que funciona en el Palacio Campodónico, de diagonal 79 y 5. El puesto, que existe desde abril de 2007, estuvo cuatro meses cerrado. Cabe destacar que desde su creación se destruyeron en total unas 2.117 armas.
Desde Seguridad Ciudadana señalaron ayer que el intercambio de armas es voluntario y anónimo, y que por lo tanto no es necesario presentar los papeles de la misma. Además indicaron que debe ser acercada al RENAR dentro de una caja o bolsa segura, al igual que las municiones.
A su vez, se dispuso que a cambio del arma no se entrega dinero en efectivo, sino cheques al portador, y el monto del pago es según el calibre (los valores oscilan entre 100 y 450 pesos).
«El plan no busca combatir la inseguridad, sino desarmar a la población, bajo el lema ‘Si usted tiene un arma, usted tiene un problema'», agregaron.
Antecedentes
El programa de desarme fue lanzado por el Estado Nacional a partir del impulso de la familia Mercenac, de Necochea, que sufrió la pérdida de un hijo en un violento episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano en julio de 2006.
A partir de ese episodio resurgió con intensidad la iniciativa de reducir el caudal de armas legales en circulación. Por eso, el Gobierno Nacional, junto a diversas organizaciones que integran la Red Argentina para el Desarme, profundizaron la decisión de crear una política regulatoria, y así crear conciencia de que «tener un arma sólo agrava el problema».
El plan de desarme de la población civil se realiza en el marco de la ley 26.216 y busca disminuir el uso y proliferación de armas de fuego, reducir la cantidad de accidentes, hechos de violencia y delitos, además de sensibilizar acerca de los riesgos que genera su posesión. (EL DÍA)
