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No es admisible que después de más de treinta años de democracia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia presente a la sociedad una propuesta superficial y cosmética, que banaliza el problema de falta de legitimidad e ineficacia del sistema judicial federal en nuestro país. Ni siquiera los propios jueces se toman en serio lo que ha dicho, burlándose colectivamente de quienes sufren esa ineficacia todos los días.

Pese al mandato ya aprobado de los legisladores, la reforma de la justicia penal se encuentra paralizada. Los jueces no hacen nada para prepararse; la reforma de la justicia oral avanza lentamente enredada en debates académicos y propuestas conservadoras; el nombramiento de jueces sigue lento y arbitrario, mientras los jueces con tribunales en mora cobran por hacerse cargo de otros tribunales en mora y los jueces interinos proliferan en desmedro de la Constitución.  Los juicios con jurados populares que ya han incorporado otras provincias, ni siquiera están en agenda. La modernización de la gestión es confundida con la tecnología que viste de seda a la mona pero que mona se queda. La discusión sobre las ferias y el horario encubre la falta de contracción al trabajo, la escasa productividad y el abuso de licencias y de la feria misma. La Corte Suprema no revisa su forma de funcionamiento, alguno de sus miembros ni siquiera respeta sus fallos para prologar su pertenencia, mientras asume cada día tareas impropias que ni siquiera cumple con eficacia.

Frente a este panorama de frivolidad y corporativismo, convocamos a todas y todos los jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados hartos de trabajar en un sistema sin legitimidad destinado a ser odiado por la sociedad argentina, a reclamar y trabajar por una reforma integral de la justicia federal, que asuma, por lo menos, los diez puntos siguientes:

1. La inmediata y efectiva implementación en todo el país de la nueva justicia penal federal ya aprobada.
2. La aceleración de la reforma de la justicia civil y comercial federal, su verdadera oralización y modernización.
3. Un impulso real y rápido del traspaso de la justicia nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la reorganización de toda la justicia federal en el país, para equilibrar las cargas de trabajo y evitar el contubernio entre la justicia federal y los gobiernos provinciales.
4. La reforma estructural del Consejo de la Magistratura para que cumpla su función de nombramientos transparentes y proteja al Poder judicial de la manipulación política, evitando los cambios corporativos que solo aumentan los números de miembros.
5. El cambio de la organización judicial en base a criterios de horizontalidad y multifuncionalidad y la participación efectiva de todos los jueces en el gobierno del Poder Judicial, para evitar el nuevo caudillismo y personalismo de sus autoridades, y profundizar su democratización interna.
6. Una verdadera y profunda modernización de la gestión judicial, mediante la creación de nuevas oficinas judiciales como ya existe en las provincias, y una incorporación tecnológica que sirva de apoyo a un nuevo modelo de gestión judicial y a un control de la productividad y eficacia del sistema judicial.
7. Una reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acentuar la deliberación, las audiencias públicas y el respecto a sus precedentes (por ella misma, entre otras cosas).
8. El establecimiento del juicio por jurados, como manda la Constitución Nacional.
9. El reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas y diseño de un programa de fortalecimiento, de lo que constituye el cuarto orden judicial del país (federal, provincial, municipal, indígena).
10. El fortalecimiento de los Ministerios Públicos, de modo tal que se garantice su autonomía y la periodicidad del nombramiento de sus titulares.

Esta agenda la venimos sosteniendo desde hace muchos años y muchas personas, incluso pertenecientes al Poder Judicial, han trabajado para llevarla adelante. Pero pasan los años y los gobiernos prefieren negociar con los sectores más oscuros de la justicia en lugar de transformarla, mientras que las autoridades judiciales usan sus cargos para hacer política en lugar de promover el mejoramiento del sistema judicial. También en este campo es hora ya de terminar con los círculos viciosos, la oscuridad, el privilegio, la corrupción y las grandes y pequeñas formas de abuso de autoridad.

Alberto Binder               Alfredo Pérez Galimberti                  Aldana Romano

Presidente Inecip              Vicepresidente Inecip              Directora Ejecutiva Inecip