Tras unas elecciones regionales peculiares, quien ganó en las urnas catalanas (Inés Arrimadas, de Ciudadanos) es incapaz de formar gobierno y el bloque que no fue el más votado sí puede hacerlo, pero su líder (Carles Puigdemont) quedaría preso si regresa al país.
Tras la agitación separatista, Cataluña está dividida y los independentistas podrán seguir en el Gobierno de la Generalitat, aunque Puigdemont debe mantenerse en un exilio forzado en Bruselas.
El gobierno de la región se puede reconstruir desde la antigua alianza de Junts pel Sí entre PDeCat y ERC con el apoyo puntual de la CUP. Los independentistas han perdido unas décimas en porcentaje de voto (47%), pero han ganado 100.000 votos. La gran movilización lograda por Arrimadas, la líder de Ciudadanos, impidió un descalabro del bloque constitucional, que lo hubiera dejado en una preocupante minoría.
Si se pensaba que la aplicación del artículo 155 -provocó el cese del gobierno regional-, la marcha de más de 3.000 empresas o el desplome de la inversión extranjera iba a hacer mella en el ánimo del separatismo, quedó demostrado que eso no ocurrió. Igual que en el Brexit -divorcio entre el Reino Unido y la UE-, las amenazas de catástrofe económica no generaron un giro en el rumbo político.
Junts per Catalunya está estudiando fórmulas reglamentarias para hacer posible que el destituido Puigdemont pueda ser investido nuevamente aunque esté «ausente», pues un regreso a España acabará con él en prisión.
Todo parece indicar que no tiene chance de regreso sin detención y que tampoco se lo puede nominar «en ausencia».
«Desde la distancia no es posible participar en el debate de constitución de la mesa del Parlament; su reglamento no permite una investidura a distancia», indicó este sábado el abogado del líder catalán Jaume Alonso Cuevillas.
El letrado dijo hoy que no sabe si el presidente cesado decidirá regresar, aunque «si pisa España lo van a detener».
Además, y ante la propuesta que hizo Puigdemont al presidente español Rajoy, de reunirse en otro país que no fuera España para dialogar, el abogado desaconsejó a Puigdemont irse a otro país porque una «euro-orden» de detención se puede activar «de forma rápida». «La euro-orden se puede reactivar en cuestión de minutos. En menos de una hora puede estar activada. En otro país podrían detenerlo de forma inmediata», advirtió.
La decisión de marcharse a Bruselas fue «política y con el tiempo se ha visto acertada» porque ha supuesto la «internacionalización del conflicto catalán», evaluó Cuevillas El abogado cree que el expresidente catalán «está dispuesto a volver», pero debe valorar «si puede hacer más trabajo dentro o fuera»; en definitiva, «es una decisión política que deberá tomar en los próximos días», ha explicado.
En tanto, los empresarios catalanes hicieron oír su voz y protestan por vivir en la inestabilidad desde hace meses. El referéndum independentista del 1 de octubre terminó derivando en una fuga de empresas. La agencia de calificación de riesgos Moody’s lanzó este viernes un informe que advertía de lo que la mayoría de empresarios ya saben: el resultado de las elecciones en Cataluña es negativo para el crecimiento económico, porque supone prolongar la incertidumbre.
«La llegada de turistas y la confianza en la inversión ya se había deteriorado en Cataluña tras la inestabilidad derivada por la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre», recordó Moody’s, que advirtió que una irresolución de la crisis «debilitarán aún más las ya débiles finanzas de la región».
Pero Puigdemont y los suyos supieron dar la vuelta en la campaña electoral a las acusaciones que los responsabilizan de la huida masiva de empresas o la fuerte caída del turismo. Su discurso asegura que eso es responsabilidad de la desconfianza generada por la aplicación del artículo 155.
Más de 3.000 empresas cambiaron su sede social, pero solo un diez por ciento modificaron su sede fiscal, es decir, dejaron de pagar impuestos en Cataluña. Todo un dato. (ANSA).
