Se trata de uno de los encargados de la mesa de entradas del IPS, a quien se lo acusa de integrar una asociación ilícita. Junto a un abogado y “gestores”, vulneraban el sistema informático para que catorce ancianos cobraran jubilaciones truchas como si fueran jueces, provocando pérdidas al Estado por más de 44 millones de pesos. Hubo 20 detenidos tras 24 allanamientos
La Justicia platense ordenó 24 allanamientos simultáneos en la capital provincial, Necochea, Quequén, Mar del Plata y Balcarce, en los cuales resultaron detenidos un abogado, un empleado del IPS y 18 personas más, acusados de estafar a la administración pública con el cobro de jubilaciones de privilegio truchas, que provocaron pérdidas al Estado por más de 44 millones de pesos, informaron fuentes judiciales y policiales.
De los veinte demorados, seis quedaron imputados por el delito de asociación ilícita y el resto, todos mayores de 55 años, por defraudación a la administración pública. En tanto, otros seis sospechosos presentaron pedidos de eximición de prisión y evitaron ser apresados.
En La Plata fue detenido un empleado de mesa de entradas del Instituto de Previsión Social, identificado como Carlos Joaquín Gallina, luego de un allanamiento en su vivienda de 530 entre 14 y 15.
En tanto, en Necochea, resultó aprehendido el abogado Enrique Cruz del Hoyo, acusado de tener una participación activa en la banda delictiva, y Juan Carlos Jalil. En Mar del Plata, además, cayó Tomás Echaveguren.
Todo parece indicar que el letrado coordinaba a un grupo de al menos cuatro sujetos, denominados en la investigación como “gestores”, que tenían la función de captar a personas de la tercera edad que no tuvieran aportes previsionales.
En diálogo con diario Hoy, el fiscal que encabeza la pesquisa, Hugo Tesón, explicó que “esta causa es una extensión de otra que se inició en 2010 y que culminó con trece detenidos”.
Esa investigación fue realizada por el fiscal Jorge Paolini, luego de una denuncia radicada por el entonces titular del IPS y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cuatro arrepentidos
De acuerdo al relato de Tesón, los estafadores cobraban hasta un millón de pesos de retroactivo y haberes mensuales de entre 46.000 y 60.000 pesos por jubilaciones de supuestos miembros del Poder Judicial, la mayoría de la categoría A, la que corresponde a los jueces, durante el período 2010-2015.
Se detectaron 24 casos, cuatro de los cuales no se consumaron debido al “arrepentimiento” de los beneficiarios.
Los procedimientos en los que se lograron las detenciones estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Operaciones Contra el Crimen Organizado, cuyo titular es Daniel Agüero, una dependencia de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
Según explicó el investigador: “La estafa consistía en tramitar jubilaciones falsas, siendo beneficiarios individuos de condición humilde, cuya función sería la de prestar nombres y apellidos, utilizando personas de distintos puntos geográficos de la Provincia, que cobraban haberes como si fueran supuestos miembros del Poder Judicial”.
Los investigadores determinaron que “los funcionarios involucrados del IPS habrían hecho maniobras mediante las cuales vulneraban los sistemas informáticos para crear beneficios apócrifos jubilatorios otorgados a sujetos que no tenían derechos, puesto que nunca habían trabajado ni habían efectuado aportes, tramitando las jubilaciones de manera irregular”.
“Muchas de las personas buscadas cambiaban de domicilio de manera reiterada para evitar ser atrapados”, explicó otro de los voceros de la investigación, quien advirtió: “Tras la investigación, se pudo verificar el rol de cada uno en la organización ilícita”.
En los allanamientos, de los que participaron también efectivos de Policía Científica y móviles de Traslado y Custodia de Detenidos, se secuestró documentación referida a la causa, máquina de contar billetes, dos armas de fuego, celulares y varias computadoras. Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de Tesón, y del juez Guillermo Atencio.
Una larga jornada en la que todos fueron indagados
Los veinte imputados por la estafa con las jubilaciones de privilegio declararon ayer ante el titular de la UFI nº 8, de Hugo Tesón, y muchos de ellos relataron cómo era el procedimiento.
En tanto, un vocero judicial detalló: “Algunas de las personas fueron engañadas. Les dijeron que se trataba de una jubilación, pero los obligaban a firmar un poder para que los gestores fueran al banco a cobrar los haberes, y luego les prohibían usar la obra social y la tarjeta de débito”.
La fuente le contó a diario Hoy que de una jubilación mensual de 50.000 pesos, los ancianos recibían 5.000. En tanto, de los retroactivos de un millón de pesos, les daban una suma cercana a los 20.000 pesos.
La mayoría de los detenidos son de Necochea, la localidad donde el abogado Enrique Cruz del Hoyo tenía su estudio jurídico. Cabe destacar que es muy probable que los catorce jubilados truchos sean excarcelados. No así los seis detenidos acusados por el delito de asociación ilícita.
Uno de los investigadores indicó que aún restan efectuar aprehensiones en las ciudades de Mar del Plata y Saladillo.
HOY
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