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Por Horacio Castelli

Esta semana se realizó una nueva reunión de la Comisión de Política Económica del Concejo Deliberante para discutir el cobro de la Tasa Portuaria que está vigente.

Esta situación crea una paradoja desde el momento en que asumió como Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, el Dr. Arturo Rojas.

Cuando este profesional era concejal de Cambiemos-Fe y Presidente del bloque, presentó el proyecto del cobro de la Tasa Portuaria que fue aprobada por mayoría.

Justamente uno de los ediles que se abstuvo es el actual intendente Municipal, que ahora (también paradójicamente), está entusiasmado para que ese dinero ingrese a las arcas municipales.

El Dr. Rojas debe acompañar el pedido de los representantes del sector agro exportador que consideran ilegal y anticonstitucional la mencionada tasa porque los Municipios no están habilitados para grabar ese tipo de impuestos.

Sin embargo, si se toma en cuenta que la creación de la gabela fue para dar la contraprestación del arreglo de las calles y accesos que utilizan los camiones que ingresan con la mercadería al puerto claramente está dentro de sus facultades.

El problema es que quién impulsó la creación de la mencionada tasa es el actual Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Pablo Aued quien suponía que el triunfo en las elecciones del 2015 estaba asegurado, yendo en la misma boleta que Macri y Vidal.

Ante esta seguridad que expresaba el candidato de Venegas, el ingreso de dinero fresco era imprescindible para hacer frente al descalabro provocado por la administración de José Luis Vidal y Ana Asa y que el propio Aued permitió.

Sin embargo, la ciudadanía cortó más de 12 mil boletas y las volcó al candidato del Frente Renovador-UNA, Facundo López y esta ordenanza comenzó a provocar muchos dolores de cabeza a la gobernación bonaerense.

Los representantes de la cadena agro exportadora se niegan a pagarla y en su reemplazo ofrecen crear un fideicomiso administrado por una entidad especializada.

Pero el dinero de esta manera no se incorporaría al Municipio, los integrantes del Fideicomiso decidirían que obras se llevarían a cabo, lo que es un despropósito legal desde donde se lo mire, ya que el uso del espacio público solamente lo autoriza el Concejo Deliberante y lo reglamenta y lleva adelante el Ejecutivo.

El fuerte lobby que están realizando las empresas agroexportadoras es muy intenso y con sustento lógico en algunos de sus puntos, aunque la añeja costumbre de no querer apoyar las realizaciones ciudadanas sigue siendo una característica.

Las grandes corporaciones utilizan sistemáticamente el ejido urbano de Quequén y no colaboran en su mantenimiento.

No quieren aportar dinero, ni permitir que el municipio ejerza su autoridad sobre los bienes públicos que estas empresas privadas utilizan.

Interponen una situación de anticonstitucionalidad por la ordenanza respectiva, pero luego intentan anteponer sus intereses de forma ilegal queriendo reemplazar a los poderes deliberativos y ejecutivos del distrito decidiendo sobre el destino del dinero recaudado.

Este tipo de incongruencias legales se han mantenido a través de los años e intentan anteponer sus intereses sectoriales, y esto no es una agresión gratuita, sino una realidad demostrada siempre por ese sector económico.

No se puede pretender obtener beneficios en monedas fuertes como dólares y euros y no aportar en pesos argentinos para ayudar al mejoramiento de la vida de sus conciudadanos. Esta actitud no es digna y sería importante que la analizaran más profundamente.