Las medidas que se proponen están enmarcadas en el compromiso ofrecido por el Gobierno Argentino en la carta de elevación del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras del 12 de junio de 2018 al FMI.
En la misiva se expresó que “en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”.
Este compromiso se conoció como “cláusula de protección social”.
• La primera medida propuesta es la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional por siete meses, desde el primer día de septiembre de 2019 hasta iniciado el Ciclo Escolar 2020, como mínimo. Este programa debe constar de un conjunto de acciones inmediatas tales como:
• Aumentar los recursos destinados a los comedores escolares afectados al Programa de Emergencia Alimentaria. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la asignación para el almuerzo deberá pasar de 27 a 50 pesos como mínimo por niño y el del desayuno o merienda de 17 a 30 pesos.
• Aumentar la ayuda extraordinaria de $1000 a beneficiarios de la AUH dispuesta por el gobierno nacional para septiembre y octubre a $1500 por cada hijo y hasta el quinto, y extenderse hasta el mes de marzo de 2020, como mínimo.
• Ampliar y reforzar la cobertura de hogares alcanzados por los sistemas de “bolsas de alimentos” o de “entrega de mercadería” actualmente vigentes.
• Incluir a las Escuelas Secundarias que necesiten los servicios alimentarios escolares, también con fondos nacionales.
• Mantener todos los días sin excepción abiertas las escuelas públicas afectadas, en condiciones de cumplir con las acciones del programa. Para ello deberán disponerse los cargos y recursos adicionales necesarios para directivos, docentes y auxiliares.
Para cumplimentar este Programa es necesario:
• Poner en funcionamiento un Consejo Ejecutivo para la Emergencia Alimentaria Nacional (CEEAN), en el que participarán las Provincias, Municipios, el propio Estado Nacional, y representantes de sectores de la sociedad civil como iglesias de distintos credos, sindicatos, universidades, organizaciones comunitarias, redes sociales solidarias, cooperativas, cámaras empresariales y comerciales, entre otros.
• El Gobierno Nacional financiará íntegramente las acciones previstas para la Emergencia Alimentaria, disponiendo las adecuaciones legales, administrativas y presupuestarias que se requieran para ampliar y acelerar la compra y distribución de alimentos, para cubrir la demanda alimentaria de todas las personas y hogares que efectivamente lo necesiten.
• El Gobierno Nacional deberá afectar, por el lapso que se extienda el Programa de Emergencia Alimentaria, el uso transitorio de los inmuebles, vehículos y equipamiento general bajo su dominio, a los fines de la emergencia y de la eventual conformación de nuevos centros transitorios de asistencia alimentaria.
Complementariamente a estas medidas, el Programa contempla:
• Proponer el tratamiento prioritario en el Congreso de la Nación de la Ley de Góndolas que tenga por objeto mejorar la competencia entre marcas y empresas de los productos que se exhiben en los supermercados lo que redundará en una mejora de los precios de los alimentos al consumidor.
• Incentivar y coordinar, junto a Provincias y Municipios, la realización de ferias locales y mercados populares, con el fin de mejorar los precios y el acceso a alimentos saludables.
A los fines del seguimiento y evaluación del Programa de Emergencia, el Gobierno Nacional deberá prever un modelo de información que busque conocer la situación real en la que se encuentran los más vulnerables. El mismo deberá ser integral, geo-referenciado, identificado, actualizado, evolutivo y unificado en una única base de datos.
