El Gobierno anunciaría esta semana fuertes incrementos en los costos de energía eléctrica y gas. Los especialistas advierten sobre el impacto en el poder adquisitivo de esas medidas, reclaman información adecuada y audiencias públicas.
“Intereses concentrados”
Por Pedro Bussetti *
Cuando en enero de 2002, la Ley 25.561, de Emergencia Económica y Social, sellaba la muerte de la convertibilidad y establecía que el Estado nacional debía proceder a la renegociación de los contratos de los servicios públicos, inmediatamente las empresas concesionarias que habían pactado con el menemismo tarifas indexadas en dólares salieron en masa a requerirle al ejecutivo de ese momento la readecuación tarifaria de acuerdo a esas cláusulas leoninas; pedían incrementos similares a la devaluación y más, hasta un 700 por ciento.
Siendo ya presidente Néstor Kirchner, en octubre de 2003, las Asociaciones de Usuarios mantuvimos una reunión en la que le solicitamos teniendo en cuenta la grave situación económica de la mayoría de los argentinos que rechazara las pretensiones tarifarias de las concesionarias, que habían obtenido rentabilidades extraordinarias en los años previos.
Con esa prioridad –la situación económica de los millones de argentinos que se encontraban debajo de la línea de pobreza e indigencia, los altos índices de desocupación, el quiebre de la economía, la triste existencia de los clubes del trueque–, el Estado nacional sostuvo una política de contención de las tarifas, favoreciendo el poder adquisitivo de los usuarios, lo que apuntaló la distribución de la renta a favor de los más débiles, sin dejar de sostener la operatividad de las empresas a través de otros mecanismos de transferencia.
De haberse reconocido la validez de las cláusulas indexatorias acordadas con el menemismo y aplicado las tarifas que reclamaban las empresas, la mayoría de esos usuarios hubieran dejado de tener los servicios de agua, luz, gas y teléfono, porque las facturas hubieran sido impagables.
Hoy, esa política está siendo sustituida por otra que prioriza los intereses de los grupos concentrados de la economía y alcanza a los concesionarios de servicios públicos. Es un hecho, anunciado por el ministro de Energía, que a partir de febrero habrá una modificación de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, con aumentos que podrían llegar hasta un 300 o 500 por ciento y la disminución o eliminación de subsidios a los usuarios.
Los subsidios que se le quitarán a los más de 6 millones de usuarios de los servicios públicos se transfieren ahora a los sectores más concentrados de la producción agraria y exportadora; se debilita el poder adquisitivo de millones de hogares para favorecer a un puñado minoritario de grandes empresas.
Es preocupante que a menos de 15 días de la aplicación de la medida, no haya ninguna información oficial que ofrezca precisiones y certezas sobre el tema. Sería lamentable que los usuarios nos enteremos el mismo día por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el impacto económico que conllevaría un incremento de esa naturaleza en los presupuestos de millones de argentinos, cuando la inflación en 75 días llegó al 10 por ciento.
Además implicaría desconocer el derecho de los usuarios a tener la debida información sobre un tema trascendente y a participar en el análisis previo de la readecuación tarifaria, tal como lo establecen las leyes de Marcos Regulatorios de la Energía Eléctrica y el Gas Natural, que obligan a la realización de Audiencia Pública, en forma previa a la modificación tarifaria, para que la ciudadanía conozca, estudie y debata el nuevo régimen tarifario, pueda opinar al respecto y reciba respuesta de las autoridades a las observaciones planteadas en la Audiencia.
Para justificar el aumento propuesto, dicen que las tarifas están congeladas desde hace una década, lo cual es desmentido por los aumentos en el gas natural aplicados en 2014 y 2015, que fueron de entre un 70 y 165 por ciento para Gas Natural Fenosa y entre un 83 y 172 por ciento para Metrogas.
Con este antecedente, sería descabellado aplicar un aumento como el que se viene anunciando. Además, los usuarios vienen pagando un Cargo Fijo de entre 4 y 60 pesos por factura con destino directo a las empresas, abonan un 9 por ciento por un impuesto añejo de la Provincia de Buenos Aires y el cargo por el Costo del Gas Importado, que obliga a más del doble por cada metro cúbico consumido.
Algo similar sucede en el servicio de energía eléctrica en el que los usuarios realizan aportes a un Fondo destinado a suplir la falta de inversiones de las empresas, pagan recargos por mayores consumos que se giran directamente a las distribuidoras e impuestos con destino desconocido. No sabemos si estos cargos seguirán pagándose en febrero.
Desconocemos también si el beneficio de tarifas diferenciales que tienen los usuarios de gas natural que reducen sus consumos entre un 5 y 20 por ciento continuará vigente. Queremos saber si los subsidios a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad, hogares monoparentales o multifamiliares, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y planes sociales, van a continuar o serán eliminados. Esperamos tener la respuesta antes del 1º de febrero.
* Presidente de Deuco.
“Subsidios en la mira”
Por Jerónimo Rodríguez Use *
Cuando el ministro de Hacienda compara el valor de una factura de luz con el precio de una pizza introduce en el debate sobre los subsidios la cuestión de los precios relativos. Según la teoría liberal, mantener artificialmente bajas las tarifas a los servicios públicos mediante la acción estatal, distorsiona la principal guía que tienen los empresarios para tomar sus decisiones de inversión: la estructura de costos. La inflación, los controles a las importaciones y al flujo de capitales y los subsidios afectarían las señales de precios, perjudicando el desarrollo del sector privado, motor del crecimiento económico. A poco más de un mes de iniciado el gobierno de Macri no han sido pocos los cambios en esta orientación.
Por otra parte, para cumplir con las metas fiscales presentadas por Prat-Gay, se requiere una reducción del gasto público en, al menos, dos puntos del PBI. Nuevamente los subsidios (4 por ciento del PBI), y principalmente aquellos relacionados a la energía (2,9 por ciento del PBI), se encuentran en la mira para alcanzar una “moderación” del gasto público.
Alejándonos del paradigma liberal, desde un punto de vista alternativo, la política tarifaria en la actualidad ha perdido dos características que la hicieron central durante los primeros años del kirchnerismo. Desde lo económico, la energía barata fue un factor fundamental para la reactivación y la competitividad del sector privado y, desde lo social, a diferencia del esquema de tarifas dolarizadas de los noventa, permitió una mayor y más democrática accesibilidad a los servicios públicos. Las inequidades territoriales, las distorsiones en la ejecución y la demora en la necesaria actualización (una buena parte van destinados a sectores de altos ingresos) habilitaban también una profunda revisión de la política tarifaria “por izquierda”. Cualquiera hubiera sido el resultado de las elecciones, existía un importante consenso en cuanto a la necesidad de realizar ciertas modificaciones en materia de subsidios.
Sin embargo, el grado de reducción de los mismos (y el consecuente aumento de tarifas), la dinámica temporal y el tratamiento hacia los sectores vulnerables modifica el impacto económico y social de la medida. A su vez, las exigentes metas de inflación (y la añadida imposibilidad de medirlas ante el black-out estadístico) suponen un desafío adicional para el avance sobre las tarifas públicas, dado el ya de por sí escenario inflacionario, consecuencia de la reciente devaluación.
A priori, el aumento de tarifas esperado no pareciera ajustarse al relativo gradualismo expresado en las metas fiscales para el 2016 (no así para el próximo año donde se espera un ajuste más pronunciado). Una reducción de 1,5 punto del PBI en los subsidios, en un universo de gasto de 4 puntos del PBI, supone cuanto menos una duplicación del nivel actual de las tarifas públicas, con su correlato en el nivel de precios. Aun cuando el piso del que se pretende elevar esas tarifas sea significativamente bajo, impulsarlo en un contexto recesivo y de redistribución regresiva del ingreso como el actual difiere del contexto ideal en el que hubiera sido deseable implementarlo.
La devaluación de fines de diciembre tendrá impacto en la inflación del primer trimestre. Las estimaciones privadas la calculan en un 9 por ciento. Si le sumamos las modificaciones tarifarias y ciertos aumentos de precios postergados para el segundo trimestre, como el caso de la telefonía y los servicios de salud, se hace difícil pensar una inflación para el corriente año menor que la exhibida en el 2015. El impacto en el poder adquisitivo de la suba de precios, paritarias mediante, hace esperar un año de bajo consumo por la evidente pérdida del salario real.
Volviendo a la agenda liberal, si desde el gobierno se espera crecer entre 0,5 y un punto, la mala performance del consumo debe ser más que compensada por un boom de inversiones. Si estos “sacrificios” no permiten reactivar la inversión, las medidas pro ajuste perderían la legitimidad que le asigna el discurso liberal. Lamentablemente y como enseña el caso Brasil, la inversión, por lo menos en América latina, es sumamente volátil y su comportamiento le escapa a cualquier teoría económica: con esquemas más liberales, con mayor grado de proteccionismo, con reglas de juego claras, con intervención del Estado, en la Argentina la inversión nunca superó el 20 por ciento del PBI. Solo podemos afirmar que hay inversión en contextos de crecimiento. No queda claro si el paquete económico presentado por Cambiemos cumple con este pre-requisito.
* FCE/UBA-Undav.
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