El gobierno estadounidense se prepara para aplicar una nueva regla que afectará a los inmigrantes legales que utilicen beneficios públicos o sean susceptibles de convertirse en una carga pública.
Se trata de una de las medidas más fuertes que intenta poner en vigencia el presidente, Donald Trump, que avanza ahora contra la inmigración legal, y prevé normas más estrictas para la emisión de visas y tarjetas verdes.
La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre pasado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.
En la mira están, especialmente, quienes viven y trabajan de manera regular en el país pero reciben beneficios públicos como cupones de comida o subsidios de vivienda. Se trata de los inmigrantes más pobres, aquellos que no logran mantener a su familia y pagar un alquiler.
El mantra más repetido por Trump es conocido: los inmigrantes agotan los recursos de los contribuyentes estadounidenses, por lo que aún aquellos que ingresaron al país legalmente deben garantizar que se pueden mantener.
De lo contrario, no obtendrán la documentación que legaliza su estatus de residentes. Las asociaciones defensoras de los derechos civiles consideran la medida una «aberración» ya que familias enteras se verán obligadas a elegir entre la permanencia en Estados Unidos o el hambre.
La nueva normativa, dada a conocer en las últimas horas, es una de las claves del plan puesto a punto por Stephen Miller, el consejero político de la Casa Blanca, principal artífice de la agenda de Trump en materia de inmigración.
El objetivo final es el de limitar drásticamente los ingresos a Estados Unidos y por lo tanto de detener incluso a muchos de los que atraviesan la frontera con sus papeles en regla.
Miller hizo todo lo posible por alcanzar la aprobación de la medida: hasta hizo que el mandatario despidiera al exjefe del US Citizenship and Immigration Services (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), Francis Cissna, que intentó resistir hasta último momento el nuevo punto de inflexión que afectará a millones de familias.
En su lugar asumió Kenneth Cucinelli, exfiscal general de Virginia, muy cercano a Trump y un verdadero «halcón» en materia de políticas migratorias.
Lo único que podrá frenar este nuevo avance del gobierno es la oleada de demandas legales anunciadas por las asociaciones para la defensa de los derechos de los inmigrantes.
Asociaciones que ya luchan con las dolorosas consecuencias de las redadas realizadas en todo el país por los agentes federales contra los inmigrantes ilegales, lo que provocó la separación de centenares de familias y dejó solos a muchos niños. (ANSA).
