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La causa vinculada al traspaso irregular del Camping Miguel Lillo, al igual que todas las causas de corrupción en nuestra ciudad, fue derivada a La Plata y tiene fecha de juicio oral para agosto de 2020.

Esta es la causa de mayor corrupción de Necochea, y sin embargo los concejales de la oposición de aquel momento, no pidieron ni siquiera un Concejo en Comisión. También irá al banquillo de los acusados, Ricardo Jurado ex Director de Concesiones, quedando exceptuado por su fallecimiento, Mario Diez.

Con respecto a Ricardo Jurado, se debe recordar los insultos que profirió contra los periodistas Aspiroz, Abálsamo y Castelli, cuando creyó que todo había terminado al cerrarse el período de investigación de la Fiscalía.

Ese paso, al contrario de los que pensaba Jurado, lo acercaba más al momento del Juicio oral y público, porque se elevaba a esa instancia la causa.

Se puede recordar que, en una conferencia de prensa realizada en el bloque de concejales del Partido Justicialista, que presidía Ana Asa, se le consultó si se iba a pedir la conformación de una Comisión Investigadora, se desestimó e incluso se trató de delirantes a los periodistas que realizaron esa consulta.

Posteriormente, y ante la presión de algunos medios de comunicación y periodistas como Miguel Abálsamo, Marcelo Aspiroz y Horacio Castelli, se realizó una denuncia en sede de Fiscalía.

Pero, jamás se inició un expediente administrativo, para investigar desde el Concejo Deliberante, lo sucedido, lo que los hace pasibles a ser denunciados posteriormente penalmente.

Mucho tuvo que ver en este caso, Alberto Esnaola, que ofreció la dirección de su hermano para que Salach presentara un domicilio en Necochea y pudiera participar.

Justamente, Esnaola es el armador actual del pre candidato a concejal, Gonzalo Diez, que a su vez es hijo de Mario Diez, también procesado en la causa, que falleció hace algunos meses.

En medio hubo una apelación en dos instancias y tanto la Cámara de La Plata como Casación validaron lo actuado por el fiscal, y una vez firme los imputados pidieron la suspensión de la probation a cambio de 200 mil pesos a modo de reparación, cuando el perjuicio económico para Salach S.A. fue de casi 50 millones de pesos.

Recordemos que, en el inicio de esta licitación fraudulenta, la Comisión Adjudicataria le había otorgado la concesión a una empresa necochense, pero se falsificaron las firmas de los concejales y se le otorgó a Salach el Camíng.

Por lo tanto, el denunciante no está limpio de culpas en este acto de corrupción (uno de los tantos), que se produjeron durante el gobierno de Daniel Molina.

Sin embargo, en la foja 368 del expediente judicial aparece la segunda acción violatoria a los artículos del pliego de Bases y Condiciones.

Esta acción fue cometida el día 13 de junio de 2008 con la firma del contrato de concesión del Camping.

En este momento, Trabajar S.A. debía presentar constitución de Garantía de Contrato, requisito este que al día 29 de septiembre de 2008 no se encontraba cumplido.

Según concluyó la fiscal Analía Duarte, la colaboración desplegada por Daniel Anselmo Molina a los señores Fernando Lugones y César Fernández hizo posible la cesión de los derechos de explotación comercial que tenía sobre el Camping Miguel Lillo la empresa Salach S.A.

Ahora, lo que no quisieron hacer los concejales, lo hace la justicia.