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Por Antonio Elio Brailovsky

Mientras hablamos de sustentabilidad, los países de América Latina están siguiendo un modelo de crecimiento basado en las formas más brutales de contaminación. Se usan masivamente plaguicidas cuyo impacto sanitario y ambiental se desconoce.

Se apuesta a la gran minería que usa cianuro en los mismos ríos que la gente usa para beber y regar.

Se aprueban proyectos de fracking sin saber qué sustancias químicas se emplean allí y, en casos extremos (como el de Argentina), los legisladores aprueban convenios con multinacionales a libro cerrado sin poder leer qué están aprobando.

Esto nos genera una sola certeza, y es que va a haber víctimas de esta modalidad de capitalismo salvaje extractivo. ¿Al menos nos estamos preparando para dar alguna forma de justicia a esas víctimas?

La respuesta es previsiblemente negativa: nuestro sistema jurídico está preparado para dar impunidad a quienes cometan desastres ambientales, aunque causen víctimas en forma masiva.

Permítanme que les cuente una historia.

En Italia, después de una lucha de casi una generación, condenaron al dueño de una fábrica de amianto que había causado miles de enfermos y muertos. Demostrados de un modo absolutamente contundente los daños producidos y condenado el empresario, la Justicia italiana lo dejó en libertad porque dijo que la causa había prescripto.

Allí los italianos se enteraron de que los homicidios cometidos con un revólver tardan largo tiempo en prescribir, pero los cometidos con sustancias químicas prescriben a toda velocidad. Ésa es la parte de las leyes que la gente no suele leer.

Conocí al empresario condenado e impune, Stephan Schmidheiny, en una jornada académica, realizada en Bariloche en 1998. Venía a promocionar su Fundación, que apoyaría desinteresadamente, dijo, a los grupos ambientalistas de todo el mundo. El diálogo generó inquietudes, ya que parecía que el simpático personaje ocultaba algo:

-¿Usted de qué se ocupa?

-Hago negocios diversos.

-¿Qué es Avina? (Su fundación)

-Un nombre de fantasía.

-¿Dónde queda su oficina?

-Yo viajo mucho. Está en mi computadora.

-¿Qué cantidad de dinero puede ofrecer en donación?

-Ilimitada.

Ingenuamente, creímos que trabajaba para la CIA. No sospechábamos la sombra siniestra de una de las peores industrias de la historia y su operativo de lavado de imagen.

Hoy el amianto está prohibido pero no hay dificultades en conseguirlo en cualquier lugar que lo busquemos.

Stephan Schmidheiny está condenado por miles de enfermos y muertos y sigue en libertad por normas semejantes a las que permitirán la impunidad de los que están poniendo en marcha grandes proyectos extractivos, salvo que hagamos algo para cambiar esas leyes.