lunes, noviembre 25, 2024

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ESPAÑA: Una juez argentina ordena detener a Utrera Molina y 20 cargos franquistas

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La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, ha dictado orden de detención contra José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y otros 20 cargos franquistas.La magistrada solicita a España su extradición para interrogarles en Buenos Aires.

La magistrada imputa a Utrera Molina «el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich», ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, a los 23 años, y recuerda que los hechos que le imputa «son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua».

Además de Utrera Molina, la juez argentina ha ordenado la detención del también exministro Rodolfo Martín Villa, al que considera responsable de «la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1.976 en la que fueron asesinados los trabajadores Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego».

La lista de cargos franquistas que la juez pide que sean detenidos y extraditados a Argentina para que pueda interrogarlos es la siguiente:

– Antonio Carro Martínez, al que imputa «haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975», en Madrid, Barcelona y Burgos. Los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

– Licino de la Fuente y Antonio Barrera de Irimo, también por «haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich».

– José María Sánchez y Ventura Pascual, por «haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975, como Ministro de Justicia».

– Alfonso Osorio, al que imputa por «su responsabilidad de los sucesos acaecidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, conocidos como la matanza de Vitoria, que provocaron la muerte de los trabajadores Pedro María Martínez Ocio de 27 años, Francisco Aznar Clemente de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, José Castillo García de 32 años, Bienvenido Pereda Moral de 30 años, Bienvenido Pereda Moral de 30 años».

– Jesús Quintana. Le imputa por «su responsabilidad en los hechos acaecidos en la Iglesia de San Francisco de Asis, del Barrio de Saramaga, en Vitoria, que causara la muerte por disparos de bala a cinco civiles: Pedro María Martínez Ocio de 27 años, Francisco Aznar Clemente de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, José Castillo García de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral de 30 años; el 3 de marzo de 1976, fecha en que el nombrado era Capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron la Iglesia».

– Fernando Suárez y Jesús Cejas Mohedano. Les imputa «por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975».

– Antonio Troncoso de Castro, «por tentativa de homicidio». Fue vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y «de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura», recuerda la juez.

– Carlos Rey: En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa militar que juzgó a Salvador Puig Antich. «Desarrolló las funciones de vocal ponente, y como tal informó y fue redactor de la sentencia que lo condenaría a muerte, sentencia que fue ejecutada el 2 de marzo de 1974, por medio de garrote vil», escribe la juez.

 – Abelardo García Balaguer, médico. Le imputa el robo del hijo de Adela Carrasco Martínez, que ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz), el día 5 de Noviembre de 1967 para dar a luz. EL PAÍS