El juez que investiga al astro Lionel Messi por tres presuntos delitos de evasión fiscal cometidos en España, rechazó las alegaciones presentadas por los abogados del jugador argentino.
La defraudación se deriva de la gestión de los derechos de imagen de la estrella del Barcelona y capitán de la selección argentina, y el monto asciende a 4,1 millones de euros.
El titular del juzgado de instrucción 3 de Gavá (Barcelona), Manuel Alcover Povo, consideró que “no queda acreditado” que ‘Leo’ Messi “estuviera al margen” de la gestión económica, contractual y tributaria de sus ingresos, algo de lo que se encargaba su padre, Jorge Horacio Messi.
La decisión se tomó contra el criterio de la Fiscalía, que el 17 de junio de este año pidió el “libre sobreseimiento” del crack rosarino y la continuación del proceso sólo contra su padre, al no apreciar indicios de delito por parte del futbolista.
El juez, en cambio, creyó que Messi “podría haber conocido y consentido la defraudación tributaria”, ya que estimar lo contrario es una apreciación “subjetiva”, según señaló en su escrito.
Además, recordó que para procesar al delantero del Barcelona «fue suficiente que existan indicios de comisión del delito sin que éstos hayan quedado plenamente acreditados”, algo que se determinará durante el juicio.
En julio, el juez instructor ya rechazó archivar la causa contra Messi bajo el mismo argumento que esgrime en su nueva resolución, que deja al crack rosarino a las puertas de sentarse en el banquillo de los acusados.
“La plata la manejaba mi papá y yo confío en él”, dijo el astro al declarar ante los tribunales españoles en septiembre de 2013, tras ser denunciado por la Fiscalía.
Messi y su padre están procesados por tres delitos contra la Hacienda Pública previstos en el artículo 305 del Código Penal español y referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
Estos delitos están penados cada uno con entre uno y cuatro años de prisión, además de la liquidación de la deuda y el pago de una multa que va entre el doble y seis veces lo defraudado.
Tras su imputación por parte de la justicia, el jugador argentino pagó 10 millones de euros en concepto de IRPF de los años 2010 y 2011, y otros 5 millones de euros correspondientes a la deuda de los ejercicios bajo investigación.
No obstante, el juez consideró que ese gesto era “irrelevante” para decidir si se mantenía o no su imputación, aunque reconoció que sí puede rebajar en uno o dos grados la eventual condena que pueda imponerse.
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