Con comunicados de distintas agrupaciones políticas se ha expresado sobre la intención del ejecutivo interino municipal de privatizar la Playa de Estacionamiento de Camiones de Quequén.
Comunicado:
El envío por parte del Departamento Ejecutivo de un proyecto de ordenanza para declarar de interés público la propuesta de un grupo empresarial denominado “Playa de Camiones de Quequén S.A.” a fin de otorgar en concesión la playa de camiones de Quequén, conocida tristemente como “El Chiquero”,” viene a confirmar que finalmente el Intendente Municipal Interino José Luis Vidal se decidió por el Estado desertor, bien lejos de las históricas políticas del peronismo. A pesar de su retórica, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales a cargo del Departamento Ejecutivo resolvió desprenderse de la playa de camiones sin tener en cuenta la situación de casi treinta familias y su compromiso con la administración municipal de la playa”, manifestó con desagrado Carlos Díaz, secretario de acción política de Unidad Popular de Necochea.
La playa de camiones es una de las pocas fuentes de ingreso directo de recursos, producido en el circuito agroexportador de nuestro territorio, que debería destinarse a sostener el Estado Municipal y las políticas públicas que la comunidad de Quequén y Necochea necesitan.
El propio gobierno municipal ha instalado una campaña de desprestigio a la administración estatal del predio, a través del Secretario de Gobierno José Alvarez, y quien además no atiende las demandas de los trabajadores municipales como el pase a planta permanente de la trabajadores de la Playa y engañando a los representantes de los mismos como lo ha hecho con la Asociación Trabajadores del Estado respecto a la integración en la Junta de Ascensos y Calificaciones de la entidad gremial.
“En definitiva, esta nueva propuesta de concesión es un buen negocio para pocos, para algunos empresarios, algunos funcionarios y algunos concejales”, disparó Díaz quien consideró que “si partimos del análisis común es ridículo que un grupo empresario pretenda un lugar deficitario, un lugar para perder plata; un sector que podría recaudar entre ocho y doce millones de pesos anuales administrado correctamente y realizando las inversiones necesarias para el bienestar de los transportistas de cereales”.
Desde el Instrumento Electoral por la Unidad Popular se entiende que sería loable que el Honorable Concejo Deliberante antes de tomar una decisión convoque a la comunidad a una Audiencia Pública, a una consulta popular como se pretende respecto al uso del Parque Miguel Lillo o la Policía Comunal.
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