Nebbia y Palazzani argumentaron ante el tribunal de alzada sobre la solicitud de detención del director de La Nueva Provincia. Remarcaron «su poder real» para fugarse y entorpecer el proceso, recordaron el compromiso del Estado Argentino de juzgar estos crímenes y pidieron que se resuelva igual que en otros más de cien casos donde los imputados fueron detenidos antes de la indagatoria.
Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani argumentaron esta mañana ante la Cámara Federal de Bahía Blanca el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, en el marco del tratamiento del recurso de apelación contra la decisión del juez Álvaro Coleffi de mantener su libertad pese a que pasado mañana lo indagará por crímenes de lesa humanidad. Los representantes del Ministerio Público expusieron ante los camaristas Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes y dejaron los fundamentos en un escrito de nueve páginas que apunta a la necesidad de asegurar la comparecencia del empresario a la indagatoria este jueves 24, advierte sobre los riesgos de fuga -por el nivel de sus recursos y contactos- y llama al tratamiento igualitario de los acusados por «los más graves delitos que conoce el orden jurídico», para lo que recuerda que en «más de cien casos» anteriores se ordenó la detención para garantizar la indagatoria.
Se espera que los jueces del tribunal de alzada resuelvan el recurso de la Fiscalía en las próximas horas, teniendo en cuenta que para la indagatoria restan menos de dos días y que el sentido de la apelación de Nebbia y Palazzani es garantizar la presencia del imputado en ese acto.
«¿Alguien puede asegurar que no se fugará? ¿Alguien en su fuero íntimo puede estar seguro que el acto del 24 se realizará? Más allá de alguna subjetividad optimista, los datos objetivos indican que nadie podría asegurarlo y sólo se logra tal cometido con la inmediata detención, insistimos, a los efectos de dicho acto procesal», manifestaron los fiscales en su presentación.
Massot posee «algo más intangible que el dinero o los bienes y que es el poder que mantiene el imputado en diferentes sectores corporativos que se han insinuado y manifestado en su defensa en los días pasados», ponderaron los fiscales y señalaron que el empresario detenta «un poder real para obstaculizar el curso de proceso y la realización de la justicia».
En ese sentido, los añadieron que en la jurisdicción de Bahía Blanca hay «sobradas muestras de que la posibilidad de fuga de los imputados no es una idea peregrina» y recordaron los últimos casos de Carlos Alberto Arroyo y Alejandro Lawless.
«Si el sistema judicial y de seguridad no puede encontrar a un teniente coronel caído en desgracia, imaginemos la situación con una persona como Vicente Massot que tiene y mantiene el máximo poder en la ciudad a partir del dominio de lugares que son por todos conocidos pero, que, solo para mencionar uno y fundamental, mencionamos la relación que mantiene con la inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad que, sabemos, todavía conservan importantes cuotas de poder», añadieron.
En esa línea argumental, Palazzani y Nebbia recordaron el pasado de Massot como viceministro de Defensa, «su relación con ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), la Sociedad Interamericana de Prensa y demás organizaciones que comparten su visión de que en este país hubo una guerra civil, desconociendo la palabra del Poder Judicial de un Estado democrático y constitucional de derecho».
Los fiscales remarcaron que el empresario periodístico se ha pronunciado sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad como procesos «políticos», que ha manifestado que el Ministerio Público «lo persigue» en base a «instrucciones ideológicas para encarcelarlo» y, por esos motivos, señalaron que para el imputado fugarse no sería «una cuestión de sustraerse a los efectos de un debido proceso constitucional, sino que es una reacción ante la venganza de sectores que “perdieron –según él- la guerra de las armas y la ganaron en el campo cultural”».
«Para él, no es el Estado Constitucional de Derecho con las plenas garantías funcionando y, al cual, en plena igualdad con las demás personas, debe enfrentar haciéndose cargo de sus responsabilidades penales. Para él es un juicio político y por lo tanto la fuga es una opción previsible que no tiene visos –en su mirada- de ilegalidad», apuntaron.
Los fiscales indicaron a los camaristas que el análisis sobre la detención de Massot «no debe hacerse a partir de las conductas o situaciones anteriores al llamado a indagatoria» porque «el hecho material de dicho llamado modifica cualquier escenario y comportamiento posterior», indicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, recordaron que, cuando Massot declaró el 18 de marzo en esta causa, «no existían las condiciones actuales, las que variaron sustancialmente», con la decisión del juez de llamarlo a indagatoria y la insistencia de la fiscalía en su detención.
Los fiscales evaluaron que para Coleffi «existen, ahora, motivos bastantes para sospechar la participación en la comisión de un delito y, ello, lejos de ser una circunstancia más del proceso, se erige en una divisoria de aguas que merece una valoración diametralmente opuesta a la que se realiza en la resolución que apelamos».
En la fundamentación, Nebbia y Palazzani remarcaron que durante el reciente allanamiento a La Nueva Provincia quedó «al desnudo la posibilidad cierta que tiene el imputado de entorpecer el curso de la investigación», y mencionaron «el llamativo ‘extravío’ del libro de Asambleas de socios que registra el período que abarca hasta el año 1978», punto que -indicaron- «es por demás significativo y demostrativo de la posibilidad que tienen de ocultar elementos que ya han tomado nota son vitales para el tipo de imputación que se le está formulando».
Los fiscales, finalmente, pusieron de relieve ante la Cámara que una eventual fuga de Massot comprometería «la responsabilidad internacional del Estado» frente a crímenes contra la humanidad, sobre los que está obligado al «aseguramiento –no solo de su investigación y juzgamiento- sino también de su condena».
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