El debate por la creación de un tribunal imparcial que medie en conflictos laborales entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales y docentes, irrumpió en los últimos días en la Legislatura en consonancia con el extenso conflicto con los maestros que paralizó por 17 días el inicio del ciclo lectivo.
Se trata de un organismo cuya creación está establecida en la Constitución provincial de 1994 y que fue un reclamo histórico de los gremios al que, incluso, hizo lugar la Suprema Corte.
Ahora, el paro por tiempo indeterminado de los docentes, puso de manifiesto la necesidad de contar con una herramienta que evite la judicialización directa del conflicto, como ocurrió en este caso, en el que intervino la justicia en lo Contencioso Administrativo y otros tribunales cuyas resoluciones no sólo fueron cuestionadas sino también desconocidas por los sindicatos.
No sólo eso: tampoco ya parece eficaz como mecanismo componedor de conflictos la conciliación obligatoria, una medida administrativa que dicta el ministerio de Trabajo y que también es rechazada por los gremios que consideran que el organismo que la dispone es “juez y parte” en los conflictos.
En ese contexto, en el Senado el oficialismo pretende agilizar el tratamiento del proyecto que el gobernador Daniel Scioli envió hace casi un año y que se encuentra en la comisión de Legislación General.
Pero, además, un acuerdo reciente en Diputados logró el compromiso para tratar en comisión una iniciativa del massismo en el mismo sentido.
En la Cámara alta, el Frente Para la Victoria logró el consenso para iniciar un debate en el que planea proponer un plenario de comisiones para discutir los pormenores de las funciones e integración del nuevo organismo, e intentar tratarlo sobre tablas en la próxima sesión del cuerpo.
Fue luego de que, cuando la pulseada salarial estuvo en su punto más álgido, los principales dirigentes del Frente Gremial Docente recorrieran los pasillos de la Legislatura exponiendo la necesidad de crear un órgano que dirima en los conflictos, independiente de las partes en pugna.
Los gremios, como se dijo, rechazan que el Estado utilice el dictado de la conciliación obligatoria cuando es empleador y “juez y parte” de un conflicto.
Si bien desde la reforma constitucional hasta ahora se han presentado numerosos proyectos de ley en este sentido, hoy por hoy son dos los que cobran relieve en ese debate.
El proyecto del Ejecutivo, presentado en mayo del año pasado, propone la creación de este organismo imparcial previsto en el artículo 39 de la Constitución provincial, con el objetivo de “sustanciar” los conflictos que involucren a los trabajadores del Estado, y que estaría integrado por siete conjueces de la Corte, elegidos mediante un sorteo, que participarán ad honorem.
La iniciativa oficial establece además que entre las facultades del tribunal, cuyas resoluciones tendrán carácter vinculante, se encuentran las de mediar y arbitrar en los reclamos, sólo cuando una de las dos partes involucradas solicite su intervención, pero deja expresamente sentado que quedan excluidas de sus atribuciones los aspectos incluidos en las leyes de convenciones colectivas y las que impliquen modificaciones presupuestarias.
Cuando una de las partes no esté de acuerdo en los aspectos jurídicos de la resolución final, podrá recurrir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
La presidenta de la bancada de senadores del FpV, Cristina Fioramonti, indicó que el espacio tiene “el mayor compromiso” para avanzar en la creación del instituto para que en otras ocasiones en que pueda surgir un conflicto gremial de estas características, pueda mediar y “dé certidumbre a los bonaerenses de que los trabajadores estatales lo reconocerán y acatarán su decisión”.
No obstante el proyecto del Senado, en la Cámara de Diputados se acordó esta semana enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales un texto en el mismo sentido recientemente presentado por el Frente Renovador.
La idea en este caso es la de unificar criterios con el proyecto del Ejecutivo, para lograr una ley consensuada.
Una de las diferencias entre ambas iniciativas radica en el número de integrantes, ya que el proyecto de la oposición propone que sean tres en lugar de siete, y que el sorteo se haga en base a un listado de 20 abogados especialistas en derecho laboral, que cumplan con las condiciones de ser jueces de primera instancia.
Pero, además, le da competencia al tribunal para intervenir en casos que involucren a trabajadores del Estado, de los organismos creados por la Constitución y de los municipios, así como la participación sin voto de los gremios en el desarrollo de sus funciones y su pertenencia a la órbita de la Legislatura.
Al respecto, el autor del proyecto, Jorge Sarghini, sostuvo la necesidad de debatir el proyecto.
“Hoy ponemos en debate por qué dos derechos, como el de huelga y el de educación, entran en conflicto. Y vemos la necesidad del tribunal que nos falta, pero cuando se soluciona el conflicto, luego nos olvidamos.
La política debe recuperar la capacidad de ir discutiendo cuestiones de fondo, fuera del marco de los problemas que las generan o muestran la necesidad de esa discusión”, subrayó el presidente del bloque de diputados massista.
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