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Por Enrique de la Calle

La red «Tecnopolítica» trabaja en una iniciativa que apunta a la compra de campos para urbanizar. Los nuevos barrios serían construidos a muy bajo costo por sus propios habitantes. El proyecto está en etapa de evaluación en Moreno, provincia de Buenos Aires.

La red Tecnopolítica reúne a profesionales de diferentes áreas. Uno de sus proyectos más emblemáticos, que vienen militando desde hace años, tiene que ver con la posibilidad de producir loteos populares. La idea circuló por muchos ministerios nacionales, provinciales y locales, con éxito relativo. En 2011, llegó a las primeras planas de algunos medios. Hoy, se lo evalúa en Moreno, en el Gran Buenos Aires. En otro distrito del Conurbano, una propuesta similar avanza con la ubicación de 700 familias.

¿En qué consiste el proyecto? Básicamente, se trata de que el Estado fomente la compra de tierras rurales, cuyo valor ronda en promedio los 30 mil dólares la hectárea, por parte de los mismos vecinos que necesitan hacerse su barrio y se rezonifiquen como parcelas urbanas. Por cada hectárea se pueden construir 30 lotes, que tendrían un valor de mil dólares cada uno (10 mil pesos, aproximadamente). “Decime qué familia no dispone de $ 10 mil. En Camino Negro, si una familia quiere parar en un asentamiento informal le cuesta 40 o 50 mil pesos. El Estado debe producir suelo, comprar hectáreas y venderlas. La mejor figura es el fideicomiso al costo, integrado por los propios vecinos”, describe Ricardo Inti Alpert, de Tecnopolítica.

Esos lotes deberían dotarse de servicios básicos (agua, luz, electricidad), que se agregarían luego con recursos de sus propietarios y financiamiento que podría coordinar el Estado sin gran dificultad y sin comprometer recursos que no tiene. Según Alpert, esa dotación básica cuesta entre 20 y 30 mil pesos. “Se puede conseguir en el mercado financiero los fondos para que el barrio esté terminado en 6 meses pero que se pague en tres años”, asegura. Propone un esquema similar a los que actualmente financian en cuotas el consumo popular de electrodomésticos. “La gente compra en cuota LCD, heladeras, televisores. ¿Por qué no se podría vender en cuota la red de electricidad o la pavimentación de la calle? ¿Creés que la gente no lo compraría?”.

Según Alpert, la propuesta permitiría solucionar el déficit habitacional y alimentar un círculo virtuoso que genere riqueza y trabajo en los territorios. “Uno de los aciertos del Gobierno es que todo el mundo tiene un billete en el bolsillo. Hay que darle a esos billetes destino. Hoy pasa que esos billetes vía Fravega o Garbarino se te van en productos con trabajo chino. (En cambio) La red de electricidad, agua potable, pavimentación, tienen un alto componente de trabajo argentino”.

El especialista cuenta que la primera vez que conversó en concreto de este tema con un intendente del Gran Buenos Aires recibió la siguiente advertencia: “Mirá que mi distrito es muy pobre”. Relata que le respondió: “No es cierto, todos los negocios de electrodomésticos están llenos y tus habitantes compran ahí. Tus vecinos tienen mucha capacidad de consumo que hoy no se destina para generar riqueza en tu distrito”.

Una de las críticas habituales de los urbanistas (ver entrevista aparte) es que el proyecto no haría más que profundizar la desigualdad territorial ya que los lotes no tienen las infraestructuras básicas y se encuentran alejados de los hospitales, las escuelas, los medios de transporte y los centros comerciales. “Rompamos el mito que los campos quedan lejos. Quedan en la otra cuadra de la ciudad que ya existe. Son terrenos linderos a los que hoy están urbanizados. La disponibilidad de tierras es muy amplia cuando ves más allá del primer cordón del conurbano o a lo sumo el segundo”, grafica Alpert.

Moreno, prueba piloto

En el distrito ubicado en el oeste del Conurbano, que desde hace mucho tiempo desarrolla políticas activas sobre la necesidad de acceso al suelo, se están dando los primeros pasos con este modelo específico de los fideicomisos. Mientras se evalúa qué campos comprar, se están implementando los cambios institucionales necesarios en la propia estructura estatal.

De avanzar, el siguiente escalón podría ser la configuración de un fideicomiso que reúna al Estado y a particulares. “Los habitantes de Moreno que quieran comprar se tendrían que anotar. Con ese listado hay que hacer un concurso entre desarrolladores para determinar qué barrio vas a construir. Una vez que se compra el terreno empieza la adjudicación”, se entusiasma Alpert.

¿El solo anuncio del proyecto no haría subir el precio de la hectárea?, consultó AGENCIA PACO URONDO. “No, porque ese campo es considerado por la ley como ‘rural’, ahí el privado no puede levantar casas. Lo puede tener como campo por 500 años, si quiere. El Estado rezonifica el terreno una vez que se compra y ahí lo habilita para urbanizar. En casi todo el tercer cordón hay campos para comprar y buenos, bien ubicados, al lado de la ciudad”, respondió el referente de Tecnopolítica.