Así lo propone el anteproyecto del Código Penal que la Presidenta tiene en evaluación y que Massa fustigó. Además, penaliza a las firmas que contaminen.
Las empresas que paguen coimas podrían ser multadas con hasta 180 días de facturación si finalmente se aprueba en el Congreso el anteproyecto del Código Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encargó a una comisión de juristas y que parte de la oposición, con Sergio Massa a la cabeza, fustigó. La creación del delito penal de Ofrecimiento o Entrega de Dádivas para las personas jurídicas es una de las novedades de la propuesta, que también plantea que las empresas puedan ser penadas por contaminación, trata de personas, violación de normas sanitarias y tráfico de armas, entre otras figuras.
En la actualidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista en materia tributaria o de defensa de la competencia, pero el anteproyecto que evalúa la Casa Rosada modifica ese panorama y amplía sustancialmente el espectro de delitos y penas para las empresas, según el sistema de los días-multa (ver página 2).
En el capítulo sobre Cohecho y Tráfico de Influencias, por caso, propone penas para las compañías en cerca de una decena de delitos. Para el delito de Cohecho y concusión, es decir el pago y la exigencia de sobornos, y para el de Tráfico de influencias se prevén multas de 60 a 240 días. Para las empresas que acepten dádivas, el anteproyecto propone multas de 30 a 180 días e inhabilitación de dos a cinco años. Y para las que ofrezcan o paguen coimas, también estipula multas de 30 a 180 días.
Estos nuevos delitos y sus penas figuran en el cuadro comparativo que difundió en su blog el coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal, el doctor Roberto Carlés. Ese documento es hasta ahora el más preciso sobre la propuesta de la Comisión, dado que el Poder Ejecutivo no ha difundido oficialmente el anteproyecto del Código. Esta demora ocasionó quejas de quienes redactaron el texto ante la Casa Rosada, porque hasta el momento la discusión pública fogoneada por Massa y centrada en las penas por homicidio, violación o robo, giró en torno de borradores extraoficiales.
La Comisión que trabajó en el anteproyecto estuvo presidida por el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; el jurista León Arslanian; el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra; el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo; y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata. Ellos propusieron habilitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas también en los delitos de Reducción a la servidumbre; Trata de personas; y Contrataciones ilegales. En estos caso, empresas que sean encontradas responsables de situaciones como las que se descubrieron en algunos talleres textiles clandestinos, por ejemplo, serían penalizadas.
Uno de los detalles más novedosos de la propuesta de la Comisión está relacionado con el cuidado del ambiente. El anteproyecto del Código crea el delito de Contaminación, tanto para empresas como para personas físicas, y prevé multas de 60 a 360 días para las compañías que dañen su entorno, con penas agravadas en los casos en los que además se compruebe la utilización de residuos peligrosos o industriales; o si como consecuencia de los daños un área quede inutilizable para la ocupación humana, entre otros puntos.
Además, las personas jurídicas tendrán responsabilidad penal en todos los delitos contra el patrimonio y contra el orden económico y financiero, incluyendo fraude, presentación de balances falsos, desabastecimiento y destrucción de mercaderías o bienes esenciales para la alimentación o la salud.
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