En los próximos días de febrero, los imputados por una causa desprendida de la “ruta del dinero K» deberán comparecer ante el juez Bernardo Bibel en Necochea.
El abogado mediático Mariano Cúneo Libarona, que representa a Carlos Mocorrea, se presentó para interiorizarse de la causa.
El fiscal José María Campagnoli, en el marco de la investigación de la “ruta del dinero K” realizó un informe donde constan giros por 65 millones de dólares a Lázaro Báez desde la financiera Financial Net, ligados a presuntas operaciones de lavado de dinero pero sólo existe una operación por un millón de dólares que no va a las arcas del empresario K.
Esa cuenta -según el escrito- pertenece a Porcaro y su señora Patricia Sirvente, socia de Juan Carlos Chialva, en la sociedad Misión Consultora S.A., una verificadora nacional de camiones.
El fiscal dio por probado que el 16 de abril de 2012 Porcaro, De Gregorio y Carlos Honorio Mocorrea, presidente de Financial Net SA, la financiera mediante la cual se efectuó el pago, viajaron juntos a Estados Unidos y regresaron juntos ocho días más tarde.
El matrimonio Porcaro – Sirvente negó haber recibido ese dinero y tener una cuenta en dólares pero en un allanamiento ordenado por la Justicia en su casa particular ubicada en un barrio privado de Necochea se encontraron más de 400 mil dólares.
Campagnoli reconstruyó una red de empresas supuestamente armada para Báez, que tenía como cabeza a Helvetic Group, de Suiza, que -dijo- lavaron plata.
Pero Campagnoli sostuvo que esos 50 millones de euros regresaron al país, blanqueados mediante la compra de bonos del estado argentino.
Volvieron en forma de nueve depósitos provenientes del sistema Euroclear, que se acreditaron en la cuenta Helvetic Services Group como comitente de Financial Net SA, para ser luego transferidos a tres cuentas de la firma financiera, cuyos números son 695/999999, 695/1001 y 695/3.
En un solo caso la cuenta receptora no es ninguna de las tres atribuidas a Financial Net. Se trata del depósito que, según Campagnoli, recibió Porcaro.
«No puede existir duda alguna de que a la cuenta del citado matrimonio se transfirieron, el 27 de diciembre del año pasado, un millón de dólares en Bonar VII provenientes de la cuenta 695/1255, abierta por Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos en representación de Helvetic Services Group», escribió el fiscal. Chueco es un abogado allegado a Báez y Ramos aparece en sociedades que se atribuyen al empresario en Europa.
Para el fiscal, la desmentida de Porcaro y su mujer sobre la existencia del depósito no hace más que confirmar «la existencia de actividades delictivas -concretamente, de corrupción en la función pública- que han comenzado a hacerse visibles con el conocimiento de los movimientos de valores entre todas estas personas.
También explican la perplejidad que parece haber embargado a los involucrados, al punto de llevarlos a negar los hechos al límite de lo absurdo».
La fiscalía además revisó los registros de Migraciones y estableció que Porcaro, señalado como gestor de este negocio en complicidad con De Gregorio, viajaron a Panamá en 2011 y 2012, “como los individuos que actúan a las órdenes de Lázaro Báez”.
El 16 de abril de 2012, el funcionario que debía aprobar el negocio -De Gregorio- y «el influyente que lo impulsó y se ocupó de cobrar la moneda de la corrupción» -Porcaro- viajaron juntos a Estados Unidos, dijo el fiscal, y agregó a ese vuelo al titular de la sociedad que transfirió el dinero de Estados Unidos, Carlos Honorio Mocorrea, presidente de Financial Net SA y representante de esa entidad en el consorcio Sitio 0 de Quequén SA. Los tres salieron en el mismo avión hacia Estados Unidos.
Según declaró Campagnoli en ese momento «Mocorrea, Porcaro y De Gregorio volvieron a la Argentina el 20 de abril de 2012, esta vez bien juntos y codo a codo en sus asientos, seguramente conformes con el negocio en ciernes de 60 millones de dólares y jugosas comisiones”.
