Por Alfredo Sainz
En enero sube el transporte y bajan algunos salarios; se espera un ajuste en la luz y el gas.
El año 2008 comenzará con un duro golpe al bolsillo de los consumidores argentinos. A los efectos ya conocidos de la inflación en alimentos, indumentaria y el resto de los productos y servicios no regulados, a partir del 1° de enero próximo se sumará el aumento de las tarifas del transporte público, el incremento de cuatro puntos en los aportes jubilatorios personales –que redundará en una baja del salario de bolsillo para los trabajadores afiliados a las AFJP– y la inminente suba en las tarifas residenciales del gas y de la electricidad.
Néstor Kirchner asumió parte del trabajo más duro, y unos días antes de su salida del Gobierno confirmó que, a partir del primer día de 2008, el boleto de colectivo aumentará en promedio un 19%, mientras que la suba en los trenes urbanos será del 13% y llegará al 29% en el subte. El alza en el transporte tendrá un impacto directo en los sectores de menores ingresos, que son los que destinan un porcentaje mayor de su presupuesto a este rubro.
«El aumento en el transporte era inevitable, pero igual no deja de sorprender que desde el Gobierno se haya decidido comenzar por este rubro antes que por la energía. En el caso de los colectivos y el tren, se trata de subsidios que tienen mayor impacto entre los sectores de menores ingresos, a diferencia de lo que sucede con el congelamiento de las tarifas de luz o la nafta, que benefician más a la clase media», explicó el economista Pablo Rojo.
El nuevo cuadro tarifario coincidirá con la presentación del nuevo índice de inflación, con lo cual resulta imposible determinar al día de hoy cuál será el impacto de aquella medida en el costo de vida, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no adelantó ningún detalle acerca de cómo se conformará el nuevo indicador y la ponderación que tendrá en él el rubro transporte.
En la consultora Economía & Regiones, que dirige el economista Rogelio Frigerio, adelantan un cálculo tomando como base el IPC actual. «El impacto inflacionario del aumento en el costo del transporte público de pasajeros (que según el Gobierno promediaría el 20%) en el índice de precios del mes de enero estará en torno de los 0,8 puntos porcentuales. Es decir, la inflación oficial de ese mes tendría un piso de 0,8 por ciento», destacaron en la consultora.
Al aumento confirmado en el transporte se sumará, a partir de febrero, la revisión de los contratos de los servicios públicos, que se descarta que derivarán en un aumento en las tarifas residenciales de luz y gas. De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (Iader), los ajustes promediarían el 17% y provocarían una inflación extra de 2,4 puntos porcentuales en los precios minoristas, tomando en cuenta el actual índice de inflación.
«A todos nos gustaría comer papas fritas todas los días, pero no es lo más sano e inevitablemente tiene consecuencias para la salud. Con los aumentos en el transporte y los servicios públicos pasa algo similar. Se trata de medidas difíciles de tomar, porque tienen un costo económico y político, pero que son racionales porque las tarifas actuales no reflejan los costos de las empresas», señaló el economista Orlando Ferreres.
Su colega Camilo Tiscornia destacó que, más allá de la inevitabilidad de los aumentos, la lógica que mueve al Gobierno es la recomposición del frente fiscal. «El boleto de colectivo no aumentaba desde 2000, con lo que ya era casi imposible mantenerlo congelado, pero más allá de esta situación particular lo que estamos viendo es un esfuerzo de parte del Gobierno para recomponer el frente fiscal», explicó el economista.
Salarios en baja
Los aumentos en las tarifas de transporte y los servicios públicos serán acompañados por una baja en el salario de bolsillo para los afiliados a las AFJP, como producto de la suba de cuatro puntos de los aportes personales que se descuentan de sus ingresos. La caída se sentirá en los primeros días de febrero, cuando los empleados cobren su sueldo de enero.
En este caso, la medida responde a la decisión oficial de igualar los aportes personales en los sistemas estatal de reparto y de capitalización privada. A los afiliados al régimen de reparto ya se les descuenta el 11% de su salario para aportar a la jubilación; en cambio, los que están en el sistema de capitalización (AFJP) sólo sufren descuentos del 7 por ciento. La unificación de los aportes redundará en una caída del salario de bolsillo de los afectados del 4,6 por ciento.
Esta baja, sin embargo, podría compensarse parcialmente si se aprueba el proyecto de ley que propone reemplazar los tickets alimentarios por dinero en efectivo y sujeto a cargas sociales. De esta manera, los montos hoy cobrados en vales se empezarán a contar para el cálculo del aguinaldo, las vacaciones y los adicionales atados al salario, que varían según el convenio y según cada caso en particular. Sólo por los primeros conceptos, el alza rondaría el 2% anual. (LA NACIÓN)
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