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Flexibilizan la protección para potenciar inversiones mineras

En una sesión clave, el Congreso de la Nación convirtió en ley este miércoles la reforma del régimen de protección de glaciares.

La iniciativa busca redefinir las áreas restringidas, permitiendo la exploración y explotación en zonas que antes gozaban de una protección absoluta, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Un impulso federal hacia la minería

El proyecto fue impulsado por el Gobierno Nacional tras el pedido explícito de los gobernadores de la Mesa Minera, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Estos mandatarios consideran que la normativa anterior actuaba como un freno para proyectos millonarios en el Norte y la región de Cuyo.

Con la nueva ley, las provincias recuperan facultades para decidir qué zonas proteger, reduciendo la injerencia de la administración central.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, este traspaso de competencias es visto por las provincias como un ejercicio de federalismo sobre sus recursos naturales.

Los cambios fundamentales en la protección

La reforma modifica los criterios de la Ley 26.639 (sancionada en 2010), que establecía presupuestos mínimos de protección ambiental. Los puntos centrales del nuevo esquema son:

• Reclasificación del ambiente periglacial: Se elimina la prohibición automática de actividades extractivas en estas áreas.
• Criterio de «Función Hídrica»: La protección ya no será genérica. Si no se demuestra científicamente que un área periglacial aporta un caudal hídrico relevante, dicha zona podría quedar habilitada para la explotación.
• Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Las actividades económicas podrán avanzar siempre que cuenten con una aprobación ambiental previa, dejando en manos de las provincias la validación de estos estudios.

El dato: Los glaciares argentinos alimentan actualmente 39 cuencas hidrográficas a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes.

El debate sobre el Inventario Nacional

Uno de los ejes de la polémica es el Inventario Nacional de Glaciares. Mientras los gobernadores aliados sostienen que el registro está «desactualizado» y bloquea el desarrollo de forma arbitraria, las organizaciones ambientalistas y defensores de la ley original argumentan que la falta de actualización se debió a una desinversión sistemática en los organismos técnicos.

Con esta sanción, el oficialismo espera que los proyectos mineros que permanecían en «stand-by» comiencen a tramitar sus permisos bajo el paraguas del RIGI, consolidando a la minería como uno de los pilares de la entrada de divisas para los próximos años.