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Editorial: Un pedido legítimo, una realidad sin sentido

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Horacio Castelli

La reciente movilización de los vecinos de La Dulce, impulsada por el dolor ante el fallecimiento de una joven madre, ha puesto sobre la mesa una demanda histórica y desesperada: la exigencia de contar con presencia médica permanente en la atención pública local.

El reclamo es, desde el sentimiento y la necesidad humana, absolutamente entendible. Sin embargo, en el contexto actual, se choca contra una pared de realidad que lo vuelve, técnicamente, un pedido sin sentido.

El problema no radica en una falta de voluntad política o en una desatención administrativa por parte del municipio.

La realidad es mucho más cruda y pragmática: no hay profesionales que acepten trasladarse a vivir a Nicanor Olivera (Estación La Dulce).

El nudo del conflicto

A pesar de que el municipio mantiene abierta la propuesta laboral desde hace meses, y de haber convocado a numerosos profesionales ofreciéndoles el cargo, el resultado ha sido siempre el mismo: el rechazo.

En la actualidad, la vocación médica parece no ser suficiente para compensar el cambio de vida que implica radicarse en una localidad pequeña.

Mientras no exista un profesional dispuesto a firmar su traslado y residencia, las manifestaciones —por masivas que sean— no podrán materializar una solución mágica.

¿Existe una alternativa?

Si queremos dejar de girar en círculos sobre un problema de falta de oferta profesional, la comunidad y el Estado deben pensar fuera de la caja.

El único camino viable parece ser:

  • Convenio Público-Privado: Una articulación donde ambas esferas unan recursos.
  • Incentivo Económico Diferenciado: Que la propia comunidad de Nicanor Olivera, a través de sus instituciones o fuerzas vivas, logre financiar una diferencia económica sustancial.

Solo un ingreso que supere ampliamente la media del mercado podría volver «interesante» o tentadora la posibilidad de radicación para un médico.

Conclusión

El dolor es real y el pedido es justo, pero debemos ser honestos: por más marchas que se realicen, si los profesionales deciden no ir, el Estado no puede obligarlos.

Es momento de dejar de exigir lo imposible al vacío y empezar a debatir cómo hacer que La Dulce sea un destino profesionalmente codiciado.

Sin incentivos extraordinarios, el futuro de la atención permanente seguirá siendo una incógnita sin resolución.

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