El INECIP exige al Gobierno retirar el pliego del juez Carlos Mahiques por considerarlo inconstitucional
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un pedido formal ante el Presidente de la Nación para que retire el pliego enviado al Senado que busca otorgar un «nuevo nombramiento» al juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. Según la organización, la medida carece de sustento jurídico y podría acarrear la nulidad de sus actos.
El argumento central: Traslado vs. Nombramiento
La impugnación del INECIP se basa en que Mahiques ocupa su cargo actual mediante un traslado dispuesto en 2017 desde un tribunal ordinario, y no a través del mecanismo constitucional de concurso, selección del Ejecutivo y acuerdo del Senado.
El instituto fundamenta su postura en el fallo “Bertuzzi” (2020) de la Corte Suprema, el cual determinó que:
- Los traslados son actos provisorios.
- No pueden equipararse a un nombramiento definitivo.
- No es posible prorrogar o renovar un cargo (bajo el Art. 99 inc. 4 de la Constitución) si el magistrado nunca fue designado legalmente en esa función específica.
“No se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria”, advirtió la organización en su presentación.
Cuestionamientos al desempeño y ética judicial
Más allá de lo técnico, el INECIP vinculó su pedido a los antecedentes recientes del magistrado, señalando que su continuidad afectaría la confianza en el sistema de justicia. Entre los puntos destacados se encuentran:
- Caso Lago Escondido: Su participación en el polémico viaje junto a otros funcionarios judiciales.
- Caso AFA: Su reciente vinculación con el escándalo de dicha entidad.
- Fallos controvertidos: Se mencionó su intervención en causas de corrupción, específicamente el fallo de 2024 que favoreció al empresario Ángelo Calcaterra en la causa «Cuadernos».
Un sistema en crisis: El rol del Consejo de la Magistratura
Para el INECIP, el caso Mahiques es síntoma de un problema estructural. La organización denunció la parálisis legislativa respecto al Consejo de la Magistratura, que funciona desde hace cuatro años con una ley derogada en 2006 y reinstaurada por la Corte.
Esta situación, sostienen, ha fomentado el uso de «mecanismos excepcionales» como traslados y subrogancias, además de una ineficacia en las funciones disciplinarias que permite que las vinculaciones indebidas entre jueces y estructuras de poder queden impunes.
Riesgo de «desgaste político e institucional»
Finalmente, el instituto instó al Ejecutivo a evitar un escenario de alta conflictividad judicial y planteos de inconstitucionalidad que invaliden las decisiones de la Casación.
Compararon el riesgo actual con el desgaste generado por el intento de designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema, solicitando que se priorice una nueva Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura.
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