Califican de «grave» el cuestionamiento institucional de Susana Laborde tras el fallo del Casino
La ambientalista sostuvo que la ciudadanía «ya no tiene representación» en el Concejo Deliberante, lo que generó un fuerte rechazo desde la perspectiva del derecho público.
Las recientes declaraciones de la ambientalista Susana Laborde, tras el fallo del juez Carlos Herrera que frenó la subasta del Complejo Casino, han generado una fuerte controversia al cuestionar directamente la legitimidad de las instituciones democráticas locales.
Laborde, al celebrar la medida judicial, afirmó: “No podemos seguir dejando nuestra ciudad en manos de los que están en la municipalidad, que además ya vemos cómo funciona, porque antes teníamos la representación a través del Consejo Deliberante, pero ahora ya no la tenemos”.
Estas expresiones han sido calificadas como un desconocimiento explícito del sistema democrático municipal, integrado tanto por el Departamento Ejecutivo como por el Honorable Concejo Deliberante, ambos órganos constituidos mediante el voto popular.
Cuestionamiento a la representatividad
Desde una perspectiva constitucional, resulta jurídicamente cuestionable sostener que la ciudadanía carece de representación cuando el cuerpo deliberativo funciona con plena vigencia legal, integrado por concejales elegidos democráticamente.
Analistas del derecho público señalan que los dichos de Laborde no constituyen una mera opinión política, sino una negación de la realidad institucional.
El discurso sugiere que las decisiones de las autoridades elegidas carecen de legitimidad, lo que podría interpretarse como un mensaje de desobediencia institucional y una invitación a reemplazar los mecanismos republicanos por formas de «representación» autoproclamadas.
Exigen pronunciamiento del Concejo
La gravedad de estas declaraciones ha llevado a solicitar un pronunciamiento institucional del Honorable Concejo Deliberante en su conjunto.
El objetivo no es defender una política pública específica, sino preservar el valor esencial de la democracia representativa frente a discursos que erosionan la confianza pública.
Se enfatiza que, si bien la crítica y la judicialización de actos administrativos son derechos legítimos en un Estado de Derecho, el uso de una causa ambiental como excusa para deslegitimar a las autoridades electas es inadmisible.
La defensa del medio ambiente no puede justificar la adopción de decisiones públicas al margen del orden constitucional.
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