La reciente decisión del juez en lo Contencioso Administrativo, Carlos Herrera, de aceptar una medida cautelar presentada por la ingeniera Susana Laborde y un reducido grupo de ciudadanos, no es solo una traba burocrática: es una abierta contradicción a la jurisprudencia establecida de manera reiterada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
La Corte ha sido tajante al sostener que el Poder Judicial no debe inmiscuirse en cuestiones de «oportunidad, mérito o conveniencia política» de los órganos legislativos locales.
La autonomía de los Concejos Deliberantes no es una sugerencia, es un principio rector de nuestra arquitectura institucional.
Cuando el juez Herrera interviene sobre una decisión legislativa que cumplió estrictamente con la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno, está cruzando una línea que la máxima instancia judicial de la provincia ha marcado como prohibida.
La soberanía del cuerpo legislativo
La jurisprudencia bonaerense, en fallos como «Intendente Municipal de Pinamar s/ Conflicto Art. 196 Constitución Provincial», subraya que los actos legislativos son, en principio, no revisables judicialmente en cuanto a su fondo político.
En el caso del Casino de Necochea, la votación que permite la subasta no fue un acto azaroso: fue el resultado de un proceso democrático que contó con una mayoría abrumadora de 18 a 2.
¿Cómo puede un magistrado desconocer que los Concejos son «soberanos en la interpretación de su propio reglamento»?
La intromisión del juez Herrera resulta extemporánea y carente de sustento legal frente a la doctrina de la SCBA, que protege la facultad privativa de los concejales para decidir sobre sus propias votaciones.
El desconocimiento del mandato popular
Más allá de la técnica jurídica, lo que resulta alarmante es el desprecio por la voluntad popular. Este «puñado» de ciudadanos que dice defender a Necochea parece ignorar el resultado de las urnas de 2023.
El intendente Arturo Rojas obtuvo una reelección contundente con más del 50% de los votos, llevando la subasta del Casino como una bandera explícita de su plataforma en cada debate y entrevista.
- Legitimidad de origen: El voto ciudadano avaló el proyecto.
- Legitimidad de ejercicio: El Concejo Deliberante lo ratificó por mayoría casi total.
- Arbitrariedad judicial: Un juez frena el desarrollo de la ciudad basándose en el pedido de un grupo minoritario.
Lamentablemente, asistimos a una escena donde la voluntad de miles es secuestrada por el criterio subjetivo de unos pocos y la firma de un juez que decide ignorar a la Suprema Corte. Defender a Necochea es, ante todo, respetar su democracia y su institucionalidad.
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