Advierte que el Gobierno no debe ser un «tribunal de la verdad»
El Foro de Periodismo Argentino expresó su «profunda preocupación» por la nueva cuenta oficial destinada a «desmentir operaciones». Denuncian que se utilizan recursos públicos para estigmatizar el disenso.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó este sábado su enérgico rechazo a la creación de la cuenta en la red social X denominada «Oficina de Respuesta Oficial».
La iniciativa, impulsada desde la Presidencia de la Nación, tiene como fin declarado «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones», un objetivo que la organización periodística considera peligroso para la salud democrática.
Un ataque a la libertad de expresión
A través de un comunicado emitido por su Comisión Directiva, FOPEA advirtió sobre la gravedad institucional que supone que el Estado pretenda erigirse como un «tribunal de la verdad».
Para la entidad, la búsqueda de la verdad es una tarea profesional basada en el rigor y el chequeo de fuentes, y nunca debe ser una «imposición de un dogma» desde el poder.
«La pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», sentencia el documento.
El uso de recursos públicos bajo la lupa
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la utilización de la estructura estatal para estos fines. FOPEA calificó como «alarmante» que la iniciativa fuera difundida por la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia, lo que confirma el uso de recursos públicos —sostenidos por la ciudadanía— para «vigilar, señalar y estigmatizar» la labor periodística crítica.
La organización contextualizó este lanzamiento en un escenario de creciente opacidad informativa, señalando:
- La modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- La falta de conferencias de prensa regulares.
- El debilitamiento de los canales de comunicación directa con la vocería presidencial.
Una postura histórica
Con 23 años de trayectoria, FOPEA recordó que ha cuestionado iniciativas similares en gestiones anteriores, manteniendo una postura coherente: el Estado debe garantizar la libertad de expresión, no auditar el discurso público ni hostigar a los informadores.
«El periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro», concluye el comunicado, reafirmando la necesidad de una rendición de cuentas transparente y sin represalias comunicacionales.
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