Tras el fallo de la Corte, crece la presión para sancionar una Ley de Agroquímicos en la Provincia
El máximo tribunal bonaerense suspendió las ordenanzas de fumigación en Tandil y Rauch. Desde la Legislatura, advierten que el «vacío legal» genera pérdidas millonarias y exigen unificar criterios en los 135 municipios.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó suspender de forma preventiva las ordenanzas municipales sobre fumigaciones en Tandil y Rauch, ha reactivado con fuerza el debate político en la Legislatura bonaerense.
Ante la falta de un marco regulatorio moderno, la oposición reclama la sanción urgente de una Ley de Fitosanitarios que brinde previsibilidad tanto a productores como a vecinos.
El conflicto: Un rompecabezas de ordenanzas
Actualmente, cada municipio bonaerense dicta sus propias normas sobre distancias de fumigación, lo que genera un escenario de incertidumbre técnica y jurídica.
Esta disparidad fue la que llevó a la Justicia a intervenir, tras un dictamen del Procurador Julio Conte Grand, advirtiendo riesgos ambientales y posibles inconstitucionalidades relacionadas con la cuenca del arroyo Chapaleofú.
El reclamo legislativo
La diputada Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal), autora de un proyecto de ley presentado en septiembre de 2024, fue tajante al señalar que la intervención judicial es síntoma de una falencia política:
“No es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”, afirmó la legisladora.
Según Vaccarezza, la normativa vigente data de 1998, un texto que considera obsoletos ante los avances tecnológicos y las demandas ambientales actuales. La diputada subrayó que la disparidad de criterios entre distritos vecinos genera «puntos críticos» en los límites municipales y ha provocado pérdidas millonarias para el sector productivo.
Un proyecto con aval técnico
La iniciativa impulsada por la legisladora monzoista busca unificar los criterios para los 135 distritos de la provincia. El proyecto destaca por haber sido elaborado en conjunto con actores clave del sector, tales como:
- Cámara de Ingenieros Agrónomos.
- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
- Entidades rurales (Sociedad Rural, CONINAGRO).
- Especialistas veterinarios.
La cautelar de la Corte
El fallo del máximo tribunal no es una resolución definitiva, sino una medida cautelar. Los magistrados pusieron el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, específicamente en la cuenca del arroyo Chapaleofú.
La justicia exige una evaluación de impacto ambiental más profunda antes de permitir la aplicación de normativas que podrían ser insuficientes para proteger el ecosistema bonaerense.
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