Es por un nuevo y «sorpresivo» tarifazo en los peajes bonaerenses
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un incremento de entre el 7% y el 10% que rige desde el 3 de enero. Organizaciones de usuarios denuncian que se trata de un cobro «ilegal e injustificado» que beneficia exclusivamente a la empresa estatal AUBASA.
En un contexto de profunda crisis económica, los conductores que transitan por la Autopista Buenos Aires – La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Rutas 2, 11 y conexas) se desayunaron este 3 de enero con un nuevo aumento en las tarifas de peaje. La medida, calificada por los usuarios como un «ajuste recaudatorio», vuelve a poner el foco en la gestión de AUBASA y la falta de marcos regulatorios que protejan al ciudadano.
Una brecha de costos alarmante
Lo que más indignación genera entre los usuarios es la enorme disparidad tarifaria entre los accesos gestionados por la Provincia de Buenos Aires y aquellos bajo jurisdicción nacional. Según cuadros comparativos del sector, el costo por kilómetro en la Autopista La Plata – Buenos Aires es drásticamente superior al de otros accesos.
La diferencia es abismal: circular hacia La Plata cuesta casi siete veces más por kilómetro que hacerlo por el Acceso Norte. La situación se agrava en la Autovía 2, donde un automóvil paga $7.000 por estación de peaje, frente a los $1.300 que se abonan en rutas nacionales.
El impacto en el bolsillo: cifras que asustan
Para quienes deben utilizar estas vías de manera frecuente, los costos anuales se han vuelto prohibitivos, afectando directamente la logística y el transporte de mercaderías:
- Trabajadores diarios: Un automóvil que realiza el trayecto CABA-La Plata ida y vuelta en hora pico, 25 días al mes, gastará $3.240.000 al año solo en peajes.
- Transporte de carga: Un camión de más de 6 ejes que realice 20 viajes mensuales a Mar del Plata deberá desembolsar la impactante cifra de $48.860.000 anuales.
Críticas a AUBASA y la falta de control
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y diversos sectores civiles, denuncian que AUBASA funciona como una «caja política» burocrática e innecesaria que actúa en paralelo a la Dirección de Vialidad.
«Se trata de un falso peaje o impuesto al tránsito», señalan las voces de protesta, argumentando que el sistema es inconstitucional debido a la inexistencia de caminos alternativos libres de pago y a que lo recaudado se diluye en el costo operativo de la propia empresa en lugar de volcarse íntegramente en la mejora de las calzadas.
A pesar de los reiterados pedidos a la Legislatura bonaerense y a la Defensoría del Pueblo, la provincia sigue sin crear un Marco Regulatorio que permita la participación de los usuarios, dejando a los conductores a merced de aumentos que, lejos de ser técnicos, parecen tener un fin puramente fiscal para cubrir el déficit operativo de la concesionaria estatal.
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