Caída de la Actividad Cementera. Despachos de Cemento Bajan Casi un 6% en Agosto
La actividad cementera, un pilar de la construcción y motor de empleo en el distrito minero de Olavarría, registró una significativa caída en agosto de 2025, encendiendo las alarmas en el municipio.
Un informe de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, bajo la gestión del intendente Maximiliano Wesner (Fuerza Patria), expuso la profundidad de esta crisis.
El relevamiento indica que los despachos de cemento cayeron un 5,9% en agosto en comparación con julio de este año. En términos de volumen, se declararon 282.760 toneladas en agosto, una baja notoria respecto a las 300.461 toneladas registradas en julio.
Tendencia Preocupante en Meses Clave
La caída es particularmente alarmante dado que los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre suelen ser históricamente los de mayor producción del sector.
“La situación se torna aún más preocupante dado que en años anteriores era precisamente agosto el mes que marcaba el inicio de la suba en los indicadores,» advirtieron desde el Ejecutivo Municipal. «Resta ahora culminar de relevar los datos de septiembre para ver si persiste la tendencia a la baja.”
El acumulado anual se encuentra un 26% por debajo del 2023, aunque se sitúa un 7% por encima del 2024.
Las comparaciones con 2023, según la comuna, son cruciales porque fue el último año con obra pública activa por parte del gobierno nacional, ofreciendo un panorama más «concreto y real» de la caída.
El municipio lamentó que en 2024, con la actual gestión presidencial, la obra pública estuvo «completamente paralizada.»
Impacto en las Arcas Municipales: El «Impuesto a la Piedra»
El freno en la obra pública y la disminución de las ventas de cemento no solo afectan la producción y el empleo, sino que también golpean la recaudación municipal de Olavarría.
La ciudad, una de las más pujantes del interior provincial, cuenta con un tributo específico conocido popularmente como “Impuesto a la piedra” (tasa por derecho de exploración de canteras).
Este gravamen se cobra a cementeras y caleras por la extracción de recursos no renovables, con una alícuota equivalente al 3% del precio de venta en fábrica del cemento o cal hidratada.
Históricamente, estos recursos estaban asignados exclusivamente a obras, sin poder utilizarse en gastos corrientes, un punto que siempre ha sido objeto de debate político en el distrito.
La merma en la actividad cementera, por lo tanto, reduce directamente los fondos destinados a la infraestructura local.
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