La Red Federal de Concesiones Viales, en el ojo de la tormenta
El nuevo sistema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional ha desatado una fuerte controversia.
Pese a las audiencias públicas realizadas, que fueron calificadas como «meramente formales y no vinculantes», la propuesta ha sido recibida con un rotundo rechazo por parte de diversos sectores, que la tildan de «regresiva e inconstitucional».
Según las críticas, el proyecto reproduce el modelo de «falso peaje o impuesto al tránsito», un esquema que fracasó en la década de 1990 y que ahora se busca reinstaurar con condiciones aún más lesivas para los usuarios.
Un sistema desproporcionado y abusivo
Actualmente existen 44 estaciones de peaje en el país, pero el nuevo plan prevé la instalación de 54 adicionales, lo que resultaría en una estación de cobro cada 97 km en promedio.
Además, la tarifa se multiplicaría por 3,3, lo que en la práctica significaría pagar más de 6,5 veces el costo actual, sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura.
La magnitud de este plan se evidencia en ejemplos concretos: un viaje de 650 km entre Buenos Aires y Bahía Blanca demandaría el pago en 8 estaciones, mientras que en la Ruta Nacional N.º 11, entre Chaco y Santa Fe, se tendría que abonar 5 veces.
El proyecto, que ha sido bautizado de manera irónica como «Red Federal de Impuesto al Tránsito» en lugar de «Red Federal de Concesiones», no prevé obras de ampliación ni mejoras estructurales.
Se limitarían a tareas de mantenimiento rutinario, como cortar pasto y colocar una capa de asfalto de 5 cm cada diez años, lo cual es insuficiente para afrontar el creciente deterioro de la red vial.
Inconstitucional y perjudicial para la economía
El nuevo sistema ha sido duramente criticado por ser inconstitucional. En primer lugar, porque no existen caminos alternativos sin peaje, lo que convierte a las tarifas en un pago obligatorio.
En segundo lugar, porque configura una doble imposición, ya que los usuarios ya contribuyen a través del Impuesto a los Combustibles. Esto, a criterio de los opositores, vulnera el derecho constitucional al libre tránsito consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
De persistir este modelo, se advierte que la economía del país se vería seriamente afectada. La producción no podría trasladarse de manera eficiente, la circulación interna se restringiría y el acceso a los mercados sería menos competitivo.
La alternativa: Recuperar la gestión estatal
Ante este panorama, el CONADUV (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial) reitera la necesidad de un Proyecto Vial Nacional integral que ponga fin a las concesiones privadas.
Este plan debería destinar los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original: garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes ni barreras, en consonancia con la Constitución.
La recuperación de la gestión estatal de las rutas implica rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), devolviéndole su rol rector en materia de política vial.
Asimismo, se propone impulsar un Proyecto de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) que se adapte a la geografía nacional y que esté alejado de «mega-negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos».
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