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Aumenta la corrupción mileista

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Revelan chats que complican al Gobierno en el escándalo de Uatre: «Somos Karina y Lule»

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de seis personas, incluyendo al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y al diputado Pablo Ansaloni, tras la aparición de chats que sugieren un plan para tomar el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Los mensajes, peritados en el marco de la investigación, apuntan directamente a Karina Milei y los Menem como impulsores de la maniobra.

La causa se originó a partir de una denuncia de José Voytenco, secretario general de Uatre, quien también ha alertado sobre el vaciamiento de la obra social del gremio, Osprera, intervenida por el Gobierno desde finales de 2024.


Mensajes comprometedores y contratos millonarios

Los chats más reveladores provienen de Marcelo Petroni, el interventor de Osprera, quien también está bajo pedido de indagatoria. En una de las conversaciones, Petroni se atribuyó ser el brazo ejecutor del oficialismo al afirmar: «Somos Karina y Lule».

Además, en otra conversación con una exdirigente del gremio, Petroni fue contundente: «Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de Uatre. Me consta».

Estos mensajes también muestran una red de vínculos con Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en una empresa de suplementos dietarios.

La firma de Aguirre, HTECH Innovation, ha recibido contratos millonarios de Osprera desde la intervención, superando los $47 millones en un solo mes.

Los chats revelan comunicaciones de Petroni con figuras clave como Julio Cordero, el ministro de Salud Mario Lugones y hasta el propio Martín Menem. Las conversaciones datan de enero pasado, cuando el Gobierno inició la avanzada para intervenir el gremio.


Vaciamiento y denuncias previas

La intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país, con una caja de más de $50 mil millones mensuales, fue justificada por el Gobierno por supuestos desmanejos.

Sin embargo, Voytenco denunció que, tras la intervención, se suspendieron pagos y se interrumpieron prestaciones a los afiliados.

La situación se suma a un contexto de crecientes denuncias de corrupción y desmanejos en otras áreas del Gobierno, como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Anses y Pami.

Los hallazgos en la causa de Uatre exponen no solo una supuesta maniobra ilícita, sino también la red de influencias que opera dentro de la obra social, añadiendo un nuevo capítulo al escándalo que enfrenta el oficialismo.