Donaciones de la Aduana a un candidato libertario
Un nuevo escándalo de presunta corrupción salpica al gobierno de La Libertad Avanza, esta vez por supuestas irregularidades en las donaciones de mercadería incautada por la Aduana.
La polémica involucra directamente a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado nacional y candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón.
La denuncia periodística, divulgada por el programa «Odisea Argentina», sugiere que una cantidad considerable de productos de alto valor, retenidos por la Aduana, habrían sido entregados a una fundación vinculada a Lisandro Almirón, en lugar de ser destinados a fines solidarios como estipula la ley.
La normativa actual establece que la mercadería incautada queda a disposición de la Secretaría General de la Presidencia para su distribución discrecional, siempre con fines de ayuda humanitaria o social.
Según el informe, la fundación beneficiada se denomina «Gea Madre Tierra» y estaría presidida por José María Oderda, padre adoptivo de la esposa de Almirón, mientras que su hermana, Cinthia Almirón, ocuparía el cargo de tesorera.
La fundación, a la que se le atribuye un perfil más «socio-empresarial» que solidario, habría recibido de forma «sin cargo» unos 14 aires acondicionados de última generación y más de 21.000 artículos electrónicos.
Este nuevo episodio se suma a las acusaciones de corrupción que enfrenta Karina Milei por presuntas irregularidades en la ANDIS.
En el caso de Almirón, el diputado correntino es un conocido militante de La Libertad Avanza, famoso por haber insultado en el Congreso al ex jefe de bloque oficialista, Oscar Zago.
La denuncia periodística también recuerda un escándalo familiar reciente, en el que se acusó a Almirón de falsificar la firma de su abuela, poco antes de su muerte, para quedarse con su propiedad.
La trayectoria política de Almirón, hijo de una dirigente del gobierno de Raúl Tato Romero Feris, ha sido calificada como sinuosa, con alianzas que pasaron por diferentes partidos antes de su llegada al actual oficialismo.
Por ahora, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre esta nueva denuncia que eleva la temperatura política y genera más interrogantes sobre la transparencia en la gestión.
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