Alerta Roja por la Desregulación Marítima: El CEPA Advierte sobre Riesgos a la Soberanía
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lanza una dura crítica al plan de desregulación de la marina mercante impulsado por el gobierno nacional, alertando sobre graves consecuencias para la economía, el empleo y la soberanía del país.
En un contundente análisis, el CEPA denuncia que la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, pondría en jaque la soberanía logística argentina, destruiría puestos de trabajo a nivel nacional y asestaría un duro golpe al desarrollo de la industria naval.
El informe subraya la importancia estratégica del sector, dado que el 95% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima, generando un costo anual estimado de 5.000 millones de dólares en fletes. La preocupación central del CEPA radica en que la desregulación abriría las puertas a la operación de buques extranjeros en el cabotaje nacional, eliminando la obligación de contratar empresas y tripulantes locales. La propuesta incluso contempla la supresión de los convenios colectivos y la exclusión de la legislación laboral argentina para las tripulaciones de estas embarcaciones.
El CEPA recurre a la historia para ilustrar los peligros de esta política, recordando el desmantelamiento de E.L.M.A. (Empresa Líneas Marítimas Argentinas) en la década de 1990. Aquella decisión, señalan, significó la pérdida de 30.000 empleos y la desaparición del 90% de los astilleros nacionales.
Las proyecciones del CEPA sobre el impacto de la actual desregulación son alarmantes: se estima la pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo y una drástica reducción de la presencia argentina en sus vías fluviales y marítimas, lo que debilitaría la soberanía y la independencia económica de la nación.
Desde una perspectiva institucional, el informe también cuestiona la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) utilizado por el Ejecutivo para implementar estas reformas. El CEPA argumenta que no existen las condiciones de excepcionalidad ni la inactividad del Congreso que justifiquen el uso de esta herramienta constitucional.
Finalmente, el Centro de Economía Política Argentina hace un llamado urgente al Gobierno a reconsiderar esta política, instándolo a priorizar medidas que fortalezcan el sector naval, protejan el trabajo de los argentinos y defiendan la estrategia marítima de largo plazo del país.
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