El Ministerio de Justicia anunció que el 11 de agosto entrará en vigencia el Código Procesal Penal Federal en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como «Comodoro Py», y en el fuero penal económico.
Este cambio representa un punto de inflexión en la historia institucional argentina, con un impacto directo en el sistema de justicia encargado de juzgar al poder político y económico.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) comparte tres claves para comprender los alcances de esta decisión:
La tolerancia del Estado ante los poderes mafiosos:
En Comodoro Py se definirá la tolerancia del Estado argentino a los poderes mafiosos, ya que este fuero tiene a su cargo juzgar los grandes casos federales de corrupción y criminalidad económica.
El sistema inquisitivo actual, que Comodoro Py llevó a su máxima expresión, garantiza la impunidad estructural para esos casos.
La implementación del sistema acusatorio es un requisito imprescindible para romper esa matriz.
Resistencias camufladas bajo excusas presupuestarias:
Toda reforma judicial genera resistencias por parte de jueces, fiscales, estudios jurídicos corporativos y grandes empresas que se benefician de la impunidad.
En América Latina, estas resistencias suelen esconderse detrás de reclamos de «falta de presupuesto», que a veces son excusas.
La reforma de Comodoro Py cuenta con un buen punto de partida en materia de recursos disponibles.
La entrada en vigencia del Código es un paso más:
Implementar un sistema acusatorio es un proceso complejo con múltiples dimensiones: normativa, organizacional y política.
La entrada en vigencia del Código es un paso, pero también es necesario reorganizar los tribunales, fiscalías y defensorías, y redistribuir el poder en Comodoro Py.
La implementación de este nuevo código, representa un cambio importante para el sistema judicial argentino.
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