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Profunda preocupación se ha instalado en el sector marítimo argentino tras la circulación de un borrador de decreto que plantea una drástica desregulación de la actividad.

Trabajadores marítimos se encuentran en estado de alerta ante lo que consideran un ataque al modelo actual de contratación de barcos tanque, calificado como «insostenible» en el documento.

Mundo Sindical tuvo acceso exclusivo al borrador, titulado «Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina» y fechado el martes 14 de enero.

El proyecto de decreto propone una serie de medidas de alto impacto para la industria naval y el transporte marítimo y fluvial.

Entre los puntos más relevantes y que generan mayor inquietud se encuentran:

Declaración de la navegación como servicio esencial: Esto podría implicar restricciones al derecho de huelga y medidas para garantizar servicios mínimos en caso de conflicto.

Eliminación de la obligatoriedad de las bolsas de trabajo gremiales: Los empleadores tendrían libertad para contratar personal embarcado sin recurrir a las bolsas de trabajo de los sindicatos.

Instauración de un «pabellón de conveniencia» por 10 años: Se permitiría a los armadores inscriptos en el Registro Nacional solicitar el cese de bandera provisorio para inscribir sus buques en registros extranjeros, operando bajo leyes laborales internacionales. Si bien se establece como principio el uso de tripulación argentina, se exceptúa en caso de falta de personal idóneo, y los nuevos contratos se negociarían fuera de los regímenes laborales nacionales.

Modificación del artículo 142 de la Ley de Navegación: Se otorgaría a los armadores la potestad de determinar el personal de explotación de los buques, mientras que la Prefectura Naval Argentina establecería la dotación mínima de seguridad.

Derogación de leyes clave: Se propone la derogación de los artículos 56 y 57 de la Ley de Navegación, la Ley N° 20.447 de Marina Mercante y el Decreto N° 3115/58.

Flexibilización del cabotaje para buques extranjeros: Se incluiría un plazo expreso de hasta 180 días renovables para autorizar el cabotaje a barcos extranjeros en caso de no haber disponibilidad de embarcaciones nacionales. Sin embargo, si operan por más de 60 días al año, deberán ser tripulados por personal argentino. También se eliminaría el orden de preferencia en puertos.

Modificaciones a la Ley N° 27.419: Se eliminaría la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales y se reducirían significativamente los plazos para trámites de inscripción y eliminación de buques. Se ampliaría el límite de antigüedad y se reduciría el tonelaje mínimo para el arrendamiento a casco desnudo de buques extranjeros.

Cambios en la Ley N° 24.418: Se eliminaría el Registro de Astilleros, Talleres Navales y Estudios de Ingeniería Naval, y se derogaría la obligación de construir buques en el país para organismos estatales o empresas con aportes estatales.

Los fundamentos del borrador aluden a la «emergencia económica general» y a la necesidad de paliar las «restricciones normativas, las cargas regulatorias y los altos costos» que enfrenta el sector.

Se argumenta que la alta carga impositiva y los costos laborales desincentivan la operación bajo bandera argentina y promueven la fuga de buques a registros más favorables.

También se menciona la necesidad de revitalizar el cabotaje nacional y de generar un marco regulatorio que impulse la inversión y la competitividad.

La posible implementación de este decreto ha generado una ola de preocupación y rechazo entre los trabajadores marítimos y sus representantes sindicales, quienes temen por la pérdida de derechos laborales, la precarización del empleo y el debilitamiento de la marina mercante nacional.

Se anticipan medidas de fuerza y movilizaciones en caso de que el borrador avance hacia su promulgación.

La urgencia con la que se estaría tratando este tema en los despachos oficiales mantiene en vilo al sector marítimo, a la espera de definiciones que podrían transformar radicalmente el futuro de la actividad en Argentina.